Muertes anunciadas en las calles de Salta

Armando Frezze

Muertes anunciadas en las calles de Salta

En la madrugada del pasado domingo 11 de septiembre, un motociclista embistió un montículo con escombros que estaba en la calzada y falleció. La foto que acompañó la noticia, tomada poco después, mostraba en la oscuridad nocturna unos montículos de cemento que no estaban señalizados sino, por el contrario, se utilizaban como señalización vial, mala costumbre arraigada en la ciudad de Salta desde hace décadas.
Si el accidente hubiera involucrado a un ómnibus, el chofer del mismo hubiese sido demorado, se le hubiera realizado la prueba de alcoholemia, requerido su licencia profesional para conducir, tomado declaración y, quizás hasta detenido un tiempo.
Pero en este caso, informado por la División Prensa y Difusión de la Policía provincial no había un chofer sino tan sólo una pila de escombros, fría, muda, inimputable. ¿Significa que no hay un responsable de la muerte que ella causó? La respuesta es negativa: hay un responsable, y puede que más de uno. Porque esa apacheta urbana, que entorpece el tránsito y pone en peligro la seguridad, viola expresas normas legales, de manera que quien o quienes la erigieron, aún con la buena intención, son los primeros responsables por la comisión de un hecho ilícito. Pero si son empleados y la acción prohibida la hicieron cumpliendo órdenes de sus superiores, éstos también resultarán responsables del resultado muerte, causado por la orden que dieron. Y ese obstáculo a la circulación estuvo a la vista en la concurrida intersección de Jujuy y Corrientes, la responsabilidad puede alcanzar a los funcionarios municipales encargados del control de la circulación en la zona, no por la comisión de un hecho sino por la omisión de mandar retirar el obstáculo y señalizar como dispone el Art. 21 del Código de Tránsito Municipal (Ord.14395).
A la Policía provincial podría caberle también responsabilidad por omisión, porque debieron hacer retirar el obstáculo, de cuya existencia y peligrosidad tenían concreto conocimiento: el parte de prensa policial al informar el hecho, hizo saber que el accidente "fue captado a través de las cámaras del Centro de Video Vigilancia, acudiendo al lugar efectivos policiales", o sea que las cámaras captaron también el montículo de escombros desde que fue construido. La omisión de informar y de retirarlos puede abrir más aún el abanico de responsables.
"Será sancionado con arresto de hasta treinta días", dice el art. 60 del Código Contravencional; "el que omitiere la colocación de señal a un obstáculo en forma que genere peligro para la circulación de vehículos o peatones, cuando tuviere la obligación de hacerlo". La obligación policial, naturalmente no es señalizar el obstáculo sino iniciar el sumario contravencional correspondiente; el Juez Contravencional puede entonces dictar el retiro preventivo de los escombros.
La peligrosidad de esos montículos-señales y la prohibición de usar objetos agresivos o peligrosos como elemento de la señalización vial tienen un cuarto de siglo por lo menos. En 1991 el libro "Los accidentes de tránsito en la Provincia de Salta" tenía un capítulo titulado "Señalización, una materia pendiente", donde entre otras falencias, se señalaba que "en la ciudad de Salta se suele utilizar como elemento de señalización sólidas murallas de escombros" ( pág. 107) las que además, no se colocan con suficiente antelación sino justo delante del pozo, bache o reparación lo que impide realizar a tiempo maniobras evasivas o de frenado. Esa obra señalaba distintos responsables posibles: particulares, empleados y funcionarios públicos, empresas viales, etc. cuyas acciones u omisiones las comprometían con los accidentes causados, unos por lo que habían colocado sobre la calzada y otros por no haber ordenado retirarlos, incumpliendo en ambos casos normas legales vigentes. Esta columna se ocupó varias veces del tema, mereciendo recordarse la publicada en 2011, cuando una empresa que reparaba la ruta nacional 34 en Gral. Ballivián utilizó como señalización vial un tacho de doscientos litros rellenado con piedras, que fue embestido por un automóvil cuyo conductor falleció (El Tribuno, 13/7/2011).
Se analizaba la responsabilidad de quien colocó tan disparatada señal para seguridad vial como también la reprochable omisión de las autoridades de control, del ámbito municipal, provincial y también nacional porque la entonces flamante Agencia Nacional de Seguridad Vial tampoco impulsó el retiro de esa trampa mortal.
En 1995 ya existía la obligación y las normas que prohibían la mala señalización vial, que es definida como la que no eliminan ni atenúan el peligro de accidente. Esas normas eran el Decreto Nacional N§ 692/92, el N§ 779/95 (Sistema de Señalización Uniforme) y más tarde la Ley Nacional de Tránsito N§ 24449, en especial su art 23 que se ocupa de los obstáculos en la vía pública; su decreto reglamentario 779/95 al regular ese artículo dice: "Queda prohibida la instalación de elementos agresivos en la calzada, que por sus características atenten contra la seguridad del usuario de la vía. Sólo se podrán instalar aquellos que por su diseño no agredan ni provoquen incomodidad al mismo, circulando a la máxima velocidad permitida en la vía donde dicho elemento se instale". Más claro que el agua.
La pila de escombros embestida el domingo 11 estaba quebrantando esas normas nacionales pero también el Código de Tránsito local, vigente por disposición de la Ordenanza N§ 14395. Ese código adhiere a la Ley Nacional de Tránsito N§ 24449 como así también a los Decretos Reglamentarios 779/95 y 1716/08 y de modo expreso dispone que "la vía pública será señalizada y demarcada conforme el Sistema Uniforme de Señalamiento".
Pero ni este Sistema Uniforme de Señalamiento ni tampoco, siquiera, aquellas humildes latas con querosén que hace años se solían poner y cuya mecha ardiendo en la noche advertía sobre el peligro de los escombros, estuvieron presentes en la intersección de Jujuy y Corrientes. Esas omisiones fueron las que mataron esa madrugada a un motociclista.

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