El despido de 32 empleados que fueron incorporados a la planta permanente el año pasado por la gestión anterior generó la reacción del gremio de los estatales que, con diferentes modalidades, realiza medidas de fuerza en esa comuna.
En consecuencia, el Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación a las partes en conflicto para el pasado lunes, pero con condiciones: el intendente debía retrotraer la situación y reincorporar a los cesanteados, mientras el gremio de ATE debía cesar el paro de actividades.
Pero ayer, la Secretaría de Trabajo informó que, ante la decisión del Ejecutivo comunal de no acatar los términos de la conciliación obligatoria, no dejar en suspenso las medidas adoptadas en la revocación de las designaciones de los 32 trabajadores, le aplicó una sanción económica de $193.000.
La cifra fue fijada en base a la normativa establecida en el Pacto Federal del Trabajo y ante la insistencia de la Municipalidad de "no retomar el estado de cosas al hecho que hubiere determinado el conflicto y a la abstención de tomar represalias con los trabajadores, manteniéndose el status quo", como requirió el ministerio.

¿Qué te pareció esta noticia?

Comentá esta noticia