Multas laborales

Walter Neil Bühler

Multas laborales

La cuestión de las multas laborales es un tema que tiene tela para cortar muchos mamelucos, y requerirán varios artículos para -mínimamente- analizar las distintas situaciones que se presentan. Pero ahora tenemos un hecho de plena actualidad, que por la naturaleza de la cuestión y los sucesos nacionales e internacionales de estos días no ha tenido repercusión en los medios periodísticos. Estamos hablando de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Giaboo SRL s/ recurso de queja", del 10 de noviembre último) que pone corte final a dos temas largamente discutidos en doctrina y jurisprudencia (anteriormente la CSJN se había expedido sobre estos temas, pero no con la contundencia de este fallo). Cabe señalar que la sentencia tendrá, también, honda repercusión en el ámbito tributario por convalidar el principio "solve et repete", que analizamos más adelante.
Ocurre que en las multas laborales (tanto a nivel nacional como provincial) se exige que las empresas sancionadas disconformes con la multa que se les hubiera aplicado para poder recurrir a la Justicia deben abonar, previamente, el 20% de la multa. Es lo que se llama "pague antes y proteste después". Por otra parte, la legislación nacional (ley 18.695) establece que son inapelables las multas inferiores a cuatro salarios básicos de convenio de Empleados de Comercio, correspondiente a la categoría Maestranza A inicial.
Ambos requisitos han sido cuestionados por inconstitucionales en todas las jurisdicciones judiciales del país. La mayoría de estos tribunales han considerado que, efectivamente, esos requisitos son violatorios del derecho de defensa en juicio y de tratados internacionales ratificados por nuestro país.
En esta oportunidad, la Corte Suprema señaló que el planteo de la empresa era acertado en cuanto a que sólo puede considerarse constitucionalmente válida la actuación de las autoridades laborales si sus decisiones en materia de infracciones están sujetas a un control judicial amplio y suficiente; y que, por ende, la disposición legal que limita el acceso al control judicial en función del importe de la multa afecta los derechos a la defensa en juicio y a la tutela judicial efectiva consagrados por el artículo 18 de la Constitución nacional y por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El planteo
En cambio, el planteo de Giaboo SRL carecía de sustento en lo referido al "solve et repete", pues la exigencia de pago previo de la multa no viola el derecho constitucional a la defensa en juicio, salvo que el sancionado demuestre que su situación patrimonial impide o hace muy dificultoso cumplir con tal requisito y, en este caso, la empresa ni siquiera alegó que tuviera esas dificultades.
Por nuestra parte, entendemos equivocado el fallo de la Corte, ya que el Pacto de San José de Costa Rica establece en su art. 8.1: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".
Dicho ello, cuadra destacar que tras la reforma constitucional de 1994, para el ordenamiento jurídico argentino los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, gozando, además, los tratados sobre derechos humanos de jerarquía constitucional; de modo que toda norma que se oponga al libre acceso a un tribunal para discutir un tributo, como lo son aquellas que imponen el "solve et repete", no solo aparecen en franca contradicción con el mencionado Pacto de San José de Costa Rica, sino que son claramente inconstitucionales.
"El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia". Lo dijo Juan Bautista Alberdi.

¿Qué te pareció esta noticia?

Compartí

0

Te puede Interesar

Comentá esta Noticia