El artículo 123 de la Constitución Nacional dispone que "Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Art. 5, asegurando la autonomía municipal", por otra parte el artículo 170 de la Constitución de la Provincia de Salta establece que "Los municipios gozan de autonomía política, económica, financiera y administrativa".
El significado y alcance de estas disposiciones constitucionales apuntan a dejar establecido, sin lugar a dudas, que las municipalidades no están sometidas a los dictados de otros estamentos gubernamentales (provinciales o nacionales) es decir no deben depender de nadie en los aspectos políticos, económicos, financieros ni administrativos.
En los tiempos actuales reviste especial importancia, para el desarrollo normal de la actividad de los municipios, la autonomía económica y financiera. Lo que significa que deben contar con los recursos suficientes para el funcionamiento y cumplimiento de los fines de su existencia.
La naturaleza y origen de los recursos municipales, en nuestra provincia, son los establecidos en el artículo 175 de la Constitución Provincial.
Entre otros se enumeran:
a) la recaudación del impuesto inmobiliario urbano;
b) las tasas por servicios que presta el municipio;
c) los impuestos cuya facultad de imposición corresponda por ley a las municipalidades;
d) el impuesto sobre automotores;
e) las contribuciones de mejoras;
f) la coparticipación en los impuestos que recaude la Nación o la Provincia con las alícuotas que fije la ley.
Asimismo este artículo dispone la creación, con parte de los recursos coparticipados, de un Fondo Compensador que adjudica la Legislatura por medio del presupuesto destinado a los municipios a los cuales les faltaren recursos para atender los servicios a su cargo.
La razón de existencia del régimen de coparticipación tiene origen en las asimetrías originadas en el sistema tributario y la distribución de las facultades de imposición entre las jurisdicciones. Lo que se busca con la instauración de los regímenes de coparticipación es poner equidad en la distribución de recursos a fin de que todos los habitantes, cualquiera sea su lugar de radicación, tengan la posibilidad de gozar de los mismos servicios, en calidad y cantidad, prestados por el estado.
Para establecer los coeficientes de distribución, de los fondos coparticipables, generalmente se toma en cuenta la población, la generación de los recursos fiscales, la brecha de desarrollo, etc. Los mismos han sido establecidos por ley que, por supuesto, ha sido el fruto de acuerdos entre las distintas jurisdicciones y su modificación resulta difícil ya que esto significaría reducir la coparticipación a algunos para aumentar la de otros.
Con el transcurso del tiempo los servicios a cargo de los municipios han aumentado, debido al reconocimiento de derechos de los habitantes, el avance tecnológico y el dictado de leyes que implican un aumento en las erogaciones para darles cumplimiento efectivo, además del crecimiento poblacional diferenciado de cada uno de los municipios. Estas razones respaldan los reclamos de los municipios dirigidos la modificación del régimen de coparticipación. Tal modificación, desde mi punto de vista, no puede concretarse mientras no se incremente la masa coparticipable (cantidad de dinero a distribuir).
En la Legislatura se empezó a debatir una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades, el anteproyecto contiene disposiciones que, buscando mejorar supuestamente la calidad y funcionamiento de las instituciones, demandarán mayores erogaciones. Por ello los intendentes han planteado su oposición a esta iniciativa y demandan que el incremento de la masa coparticipable debe ser aprobada antes de considerar la modificación de la Ley de Municipios, posición que comparto.
Más obligaciones y menos plata
La posición sostenida por los intendentes es más que razonable. En la actualidad los municipios afrontan grandes dificultades para atender los gastos que demanda la administración municipal y la prestación de los servicios a cargo de las comunas, generalmente deben recurrir a la peregrinación ante las autoridades provinciales para rogar por ayudas extraordinarias que les permitan mantenerse funcionando sin caer en cesación de pagos. Esta situación puede derivar en una suerte de sometimiento político de los intendentes por parte de las autoridades provinciales lo que constituye, sin lugar a dudas, una violación a las disposiciones que garantizan las autonomías municipales antes mencionadas.
En la actualidad el monto coparticipable (incluido el Fondo Compensador) alcanza solo el 15% de la masa coparticipable. Es decir la provincia se queda con el 85% restante. Considero que el monto coparticipable debe ser incrementado en una cifra que no puede ser inferior a un 3% y que podría llegar a un 5%.
En lo que respecta al criterio de distribución del incremente del monto coparticipable debe ser determinado teniendo en cuenta el incremento poblacional entre los dos últimos censos y la relación habitante/superficie, además de considerarse otros indicadores que apunten a la equidad distributiva.
Finalmente considero que este es el camino a seguir para asegurar la autonomía municipal y evitar el sometimiento político de los intendentes a la discrecionalidad de quienes gobiernan la provincia.

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