Desde la crisis financiera y sanitaria, hasta la crisis política y emocional, los intendentes salteños cruzan por el mar de las incertidumbres en un crítico momento donde el nuevo modelo político les marca la cancha y les impone otras reglas de juego a las que no están acostumbrados. Hay poca plata y el mecanismo asistencialista del Estado va dando lugar al ajuste que llega transformado en recortes de los fondos nacionales que ya se enviaron con mermas de hasta un 50%.
Mientras se mantiene invariable la dependencia del gobierno central, bajo un modelo que verbaliza el federalismo sin restricciones, los escalones más bajos en la pirámide de poder sienten el peso del ajuste y las medidas económicas.
En este escenario los jefes comunales empiezan a asumir la nueva realidad y comienzan a entender aquel viejo razonamiento darwiniano que sostiene que el éxito de la supervivencia no es del más fuerte, ni del más inteligente, sino del que mejor se adapte al cambio.
En esta teoría evolutiva andan los intendentes de la provincia y resulta interesante observar el proceso y descubrir las adaptaciones que han adquirido. La mayoría prefiere el bajo perfil. Lo mejor es no aparecer demasiado frente a un ambiente de quejas y malestar vecinal. A la exposición se la dejan para el gobernador que anda con mejor handicap para las apariciones públicas.
En el norte están muy preocupados ante el avance el dengue y los casos fatales de una enfermedad que nunca fue tomada muy en serio por las autoridades municipales, al menos en la opinión del ministro de Salud, Oscar Villa Nougues de quien no olvidan el tirón de orejas para el intendente de Orán, ciudad donde se registra el mayor número de casos.
Ayer, ante la llegada del gabinete de emergencia, se amontonaron para recibir a los ministros provinciales y escuchar las recomendaciones, aunque saben de sobra que no podrán presentar batalla si no cuentan con fondos frescos y mayor estructura sanitaria.
La mayoría prefiere el bajo perfil. Lo mejor es no aparecer frente a un ambiente de quejas y malestar vecinal. A la exposición se la dejan para el gobernador.
El anfitrión fue Marcelo Lara Gros y llegaron para acompañarlo los intendentes de Aguas Blancas, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, Urundel, Embarcación y Colonia Santa Rosa. También estuvo Tartagal, hasta hace poco un bastión demográfico y electoral, fortalecido con el apoyo incondicional del Estado, pero hoy convertido en una comuna como todas, afectada por la crisis.
Allí estuvieron los jefes comunales y por un momento pudieron escapar del problema financiero de sus municipios, los reclamos laborales, las obras inconclusas, la amenaza de sindicatos y concentrar toda la energía en la situación sanitaria que se cierne como una grave amenaza para toda la zona, donde urgen respuestas.
En el otro extremo meridional de la provincia, sin tanta urgencia de salud pero con los mismos planteos y preocupaciones financieras, los intendentes de la Puna también se agrupan para buscar acuerdos y lograr alguna señal desde el gobierno nacional para conseguir fondos que les ayuden con emprendimientos e inversiones en minería en un contexto renovado para las exportaciones. Tienen puestas sus expectativas en el Plan Belgrano con la reactivación del ferrocarril.
Así es que desde el lunes se reunirán en San Antonio de los Cobres los intendentes de la Puna salteña junto a sus pares de Jujuy y Catamarca para avanzar con estrategias comunes que permitan una llegada inmediata y directa de los jugosos fondos nacionales que maneja José Cano.
Pero la adaptación más curiosa de nuestros jefes comunales sin duda le corresponde a uno en particular: José Atta Gerala, intendente de Morillo, quien superó la etapa de fortaleza para adapatarse a una nueva gestión donde pudo recuperar la jefatura comunal y logró "como por arte de magia" zafar de una acusación por enriquecimiento ilícito. A pedido, el juez Nelso Aramayo, le retiró de esa causa a Marcela Carabajal, la exintendenta quien había denunciado a Gerala en 2011 por el presunto robo de $1.265.000 de las arcas públicas de Morillo. La instrucción duró cinco años y como Gerala volvió a ser intendente, la denuncia va camino a domir el sueño de los justos.

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