Los ocho narcopolicías detenidos el jueves a la mañana integraban una asociación ilícita con la mujer y su hijo arrestados en el barrio Alta Tensión. Los efectivos eran los encargados de garantizarles el monopolio de la venta de drogas en ese sector, para lo cual cada vez que detectaban posibles nuevos dealers, los allanaban y si no les hallaban droga, la "plantaban" para accionar el proceso judicial que los desbaratara.
Con este esquema sintetizó ayer la fiscal penal 5, Gabriela Buabse, el desempeño delictivo de los ocho policías arrestados con drogas en su poder, y la posterior detención de la madre y su hijo.
Ayer, la fiscal Buabse imputó por "asociación ilícita" y "confabulación" al subcomisario Ricardo Enrique López; al oficial auxiliar Daniel Vizgarra; al sargento ayudante Rafael Siares; al agente Sergio López; a la sargento ayudante Nancy Bruna; al cabo Pedro Gustavo Carrizo, Carlos Alfredo Erazo y el cabo Javier Ramón Costilla. Los mismos delitos le fueron endilgados a Sandra Elizabeth Serrudo y su hijo, Alfredo Thiz.
De acuerdo al Código Penal y la Ley 23.737 sobre estupefacientes, la pena por estos delitos asciende a 16 años de prisión.
Los policías también fueron imputados, entre otros delitos, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la seguridad pública, "violación de secretos", "tenencia simple de estupefaciente" e "incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos".

Manto protector

Serrudo estaba sospechada de vender drogas desde hacía varios años. Denuncias anónimas y otras fuentes habían advertido a la Justicia y a la Fiscalía Penal sobre su posible accionar. Por ello se dispuso una intervención telefónica contra la mujer del barrio Alta Tensión.
Con orden judicial, efectivos de la Policía Federal llevaron adelante la investigación y confirmaron que no solo vendía estupefacientes sino que tenían protección de policías del Sector 5 de Drogas Peligrosas, que tienen jurisdicción en el barrio donde ella tiene su casa.
Según la fiscal, los narcopolicías se encargaban de que Serrudo "desarrollara sus tareas de comercialización de estupefacientes, sin contratiempos", lo que incluía avisarle sobre allanamientos a su casa.
De hecho, el jueves cuando se hizo el operativo en la casa de la acusada, varios vecinos dijeron que al menos tres allanamientos habían sido realizados anteriormente por policías de la provincia, pero que nunca habían encontrado droga allí. No sucedió lo mismo esta semana, ya que según el primer informe de la fiscal se habían encontrado al menos 82 "pipas" (dosis de paco listas para ser vendidas).
Los efectivos detenidos también identificaban a otros uniformados, sea de cualquier fuerza de seguridad, que investigaran la casa de Serrudo.
En el esquema que ayer planteó tras tomar declaración a los imputados durante seis horas, la fiscal Buabse explicó que la "connivencia del personal policial con Serrudo y su actividad ilegal" llegó al punto tal que los acusados hacían "registros domiciliarios" en casas de otras personas que se dedicarían a la venta de drogas en el barrio.
El propósito de esta tarea era eliminar esas otras bocas de expendio para que la venta de drogas quedara solo en manos de Sandra Serrudo. La fiscal remarcó que los narcopolicías conformaron una asociación ilícita mantenida en el tiempo.

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