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Narcopolicías: un síntoma del avance de las mafias sobre el Estado
La detención de ocho policías salteños durante un operativo contra el microtráfico en la zona oeste de la capital salteña suma un dato más a la evidencia de la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad y el Estado, a nivel provincial y nacional.
Tanto el jefe de Policía, Angel Silvestre, como el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, minimizaron el problema al calificarlo como "un hecho aislado" y señalar a un agente como responsable del ilícito. Ni los magistrados ni la Legislatura se conformaron con la explicación.
Este episodio se agrega al de los dos policías salteños que, dos meses atrás, se enfrentaron con gendarmes para permitir la fuga de un grupo de traficantes al que custodiaban. Son numerosos los incidentes de esta naturaleza en la última década y, entre ellos, los más resonantes fueron el secuestro de 68 kilos de cocaína en un móvil policial que transportaba la droga desde Orán y fue interceptado en el barrio Autódromo, en abril de 2015, el decomiso de droga en vehículos oficiales de la Municipalidad de Salta, y más lejos en el tiempo, los narcopolicías detenidos en General Gemes, en 2011.
Los casos desbordan la crónica policial y van más allá de los límites de la provincia. Las organizaciones delictivas plantean un fuerte desafío institucional. En Salta, dos jueces federales fueron destituidos por sus vínculos con narcotraficantes, al tiempo que varios concejales de Salvador Mazza quedaron involucrados en delitos de esa índole. A nivel nacional, las ramificaciones criminales del tráfico de efedrina dejaron a la vista la connivencia institucional con el delito y salpicaron a destacados funcionarios.
El crecimiento territorial y operativo del crimen organizado se pone de manifiesto día a día y abarca todo el espacio de ilegalidad que incluye al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Frente al fenómeno, queda a la vista la ausencia de un diagnóstico adecuado, la falta de decisión política para afrontarlo y la impotencia policial, en gran parte, por falta de jerarquización y de formación del personal. No se trata solo de ineptitud o indolencia, ni tampoco se circunscribe a la impotencia policial. El poder de influencia del crimen organizado en las instituciones del Estado trasciende a gobiernos y banderías políticas y cuenta a su favor con la ausencia de un diagnóstico correcto.
Tomando los últimos datos disponibles, La ONU informó que entre 2002 y 2009 los decomisos de droga aumentaron ocho veces en nuestro país, lo que lo posiciona en un sitio de alta vulnerabilidad. En 2014, los jueces federales de Salta informaron a la Suprema Corte un aumento del 85% en las causas relacionadas a estupefacientes, entre 2005 y 2012. La cantidad de personas presas por delitos relacionados con la Ley de Estupefacientes se duplicó, pasando de 3.500 en 2003 a 6.800 en 2011. La Argentina ya no es un país de tránsito donde las bandas solo necesitan protección para el transporte de la droga. El crimen organizado busca mayores niveles de complicidad a medida que crece su negocio en el territorio y por eso contribuye a incrementar la corrupción de policías y funcionarios. En un contexto de deterioro social, laboral y educativo generalizado, la inseguridad no es una mera sensación, como pretende la teoría del abolicionismo, sino una realidad creciente. Frente a esa retórica, muchas veces esgrimida por funcionarios asociados con ilícitos graves, la indignación de la gente alienta sentimientos de venganza y apela a la "justicia por mano propia", que son actitudes contraproducentes, totalmente ajenas a lo que se espera en una sociedad regida por un Estado eficiente. La impotencia de los gobiernos, en Salta y en todo el país, los lleva a recurrir a falsas soluciones, tales como incrementar el número de policías incorporando hombres y mujeres sin capacitación suficiente, o a exhibir un fuerte despliegue de armamentos y patrulleros en medio de discursos altisonantes. Las denuncias por torturas, los episodios de violencia de género o los casos bochornosos de abuso y acoso registrados en la policía de Salta son un dato complementario de la vulnerabilidad de esa fuerza.
Frente a la dimensión de estos hechos, que revelan un escenario muy grave, solo cabe que las autoridades asuman la seguridad como una cuestión de Estado, que debe ser ejercida por funcionarios idóneos y técnicos especializados en una cuestión nueva y compleja.

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Sección Editorial

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