Según los informes de las Naciones Unidas, Argentina es el tercer país exportador mundial de cocaína. La coca es elaborada en los países que la cultivan y, convertida en pasta base, ingresa a nuestro territorio, donde se la procesa para enviarla al exterior o distribuirla para consumo interno y aplicar los residuos a la fabricación de paco.
La ONU considera que el Estado argentino facilita las condiciones adecuadas para el desarrollo del narcotráfico, ya sea por la connivencia del poder político y las fuerzas de seguridad como por la tolerancia expresada en leyes de blanqueo y la mano extremadamente suave de la Unidad de Información Financiera.
La advertencia de la Comisión de Pastoral del NOA, este fin de semana, suma voces autorizadas a reclamos desoídos sistemáticamente.
La narcofrontera se ha convertido en un espacio delictivo debido, entre otras cosas, a la premeditada paralización del desarrollo productivo. No hay actividad agrícola, ganadera, maderera, agroindustrial ni hidrocarburífera acordes con el potencial y las necesidades regionales. En consecuencia, no hay empleo genuino.
Para muchos desocupados, el tráfico se convierte en apetecible fuente de ingresos.
Ese universo de ilegalidad abarca también el contrabando y la trata de personas.
Sin embargo, la frontera está desguarnecida. Muchos gendarmes fueron afectados a control de tránsito en el conurbano bonaerense para "crear sensación de seguridad".
Está fallando el diagnóstico. Hace cuatro años fue creado el Juzgado Federal de Tartagal, pero no tiene sede jueces ni personal.
El experimento de combatir el microtráfico con jueces y policías salteños es inocuo frente al fenómeno y el narcotráfico, en su verdadera dimensión, no estuvo hasta ahora en la agenda nacional.


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Sección Editorial

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