El axioma fundamental del establishment financiero para respaldar su teoría del sistema de deuda pública perpetua es sostener que en el mundo las deudas por capital nunca se pagan sino que se refinancian y que ello está bien así mientras se disponga de los fondos suficientes para vivir soportando el pago de los servicios de intereses de dicha deuda.
Esta fórmula, que desde un punto de vista lógico y racional no aceptaría ningún individuo, familia o empresa, sin embargo, es permanentemente aplicada por los gobiernos de países ya sobre-
endeudados como el nuestro una política seguida por todas las administraciones de turno hasta la fecha con el agravante que tales prácticas, que son las que generan un desequilibrio estructural en las finanzas del Estado, se ponderan como positivas y hasta laudatorias, como producto de una palabra que encierra un concepto mágico: la confianza.
En virtud de este razonamiento es que la Argentina sigue tomando dinero prestado en gran escala que no puede reintegrar, es decir, asumiendo deudas sin demostración alguna de capacidad de repago como no sea cancelando total y sistemáticamente los vencimientos del principal con nuevas deudas y que los acreedores del país, que son los grandes grupos financieros internacionales y nacionales especializados en la materia, le siguen prestando dinero que saben que la Argentina no puede devolver, reiteramos: que no puede devolver sin contraer nuevas deudas que esos mismos grupos le vuelven a prestar.
En esto reside la trampa de deuda perpetua en que está metido el Estado argentino: en gran medida, una constante histórica pero acentuada e institucionalizada en los últimos 40 años (1976-2016).
Siendo este proceso no reversible ni solucionable porque no hay alternativa al problema de la deuda dentro del Sistema de la Deuda.
En las recientes Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central (BCRA), 19 y 20 de septiembre, el presidente del BC de Brasil, Ilan Goldfajn, señaló en forma muy realista que el principal problema del sistema financiero internacional hoy es la abundancia de liquidez mundial léase sobra dinero en el mundo y que ello representaría una oportunidad para los países como el nuestro y el brasileño, que son importadores de ahorro externo y necesitan seguir siéndolos, a cambio de reformas estructurales en el sector público.
En línea con esta postura y en función de la idea-eje que las deudas que se contraen en el mercado no se pagan sino que se viven refinanciando, el ministro de Hacienda Prat Gay declaró el 29 de setiembre en un discurso ante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Córdoba que había sido algo así como un error de la administración K haber cancelado gran parte de las deudas en efectivo en lugar de refinanciarlas.
El ministro en un fragmento de su exposición dijo lo siguiente:
"Sólo en el país de los Kirchner se hacían pagos en efectivo. La deuda se paga con deuda y se renueva a tasas más bajas."
Siendo además esto último doblemente engañoso porque la rebaja de los intereses es muy relativa cuando la Argentina paga una sobre-tasa por riesgo país poco menor de 500 PB (Puntos Básicos porcentuales) actualmente 465 pero que es récord en el mundo y cuando esa ligera reducción de la tasa es más que compensada, en valor absoluto, por el crecimiento de los intereses a pagar sobre un monto fuertemente creciente de nueva deuda que se suma a la heredada de la gestión K.
Los intereses previstos originalmente para el corriente año eran unos 104.000 millones de pesos equivalentes entonces a unos 10.000 millones de dólares y ahora los intereses para el ejercicio 2017 se elevan, según el proyecto de Presupuesto, a 248.000 millones de pesos (equivalentes a unos 13.800 millones de dólares): esto es, un aumento de 140 por ciento.
Con el advenimiento de la nueva administración Macri la política de gobernar con deuda continuó, se amplificó y se institucionalizó en el marco del proceso permanente de endeudamiento público siempre creciente, lo que ya venía manteniéndose bajo la administración Kirchner y que, precisamente por ello, es el único punto de su política de gobierno el de pago sistemático de deuda externa que es unánimemente elogiado por el establishment financiero, por el gobierno macrista y por la clase política en general.
Notablemente, en efecto, lo único que se le valora o reconoce así a la pasada gestión Kirchner es haber transcurrido sus 12 años de gobierno manteniendo la condición de la Argentina como pagadora serial según expresión de la propia expresidenta Cristina Fernández batiendo récords históricos de pagos de la deuda externa (transformándola en deuda intra-Estado igualmente impagable), con lo que se reducía el stock de la misma dentro de un total de deuda pública siempre en aumento con el objeto expreso de poder retornar al mercado internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse.
Así, la administración K logró el mérito de descongestionar el endeudamiento del país con el exterior: un logro aparente porque obtenido a costa de la descapitalización total del BCRA, el desfinanciamiento de la Anses, el desvío de fondos de los bancos oficiales (con el Banco Nación a la cabeza) y la puesta de los sistemas de caja de la mayoría de los organismos del Estado al servicio de sostener su política de pagos de la deuda.
Fue así que la deuda creció bajo la administración Kirchner a un promedio de unos 10.000 millones de dólares por año: de 150.000 a más de 250.000 millones en el período 2003-2015.
Y que no pudiera lograr su meta de volver al mercado internacional de capitales por el fracaso del megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou de 2008, que contemplaban este regreso a la deuda externa como objetivo de la política del gobierno.
Con la paradoja que este resultado se obtuvo bajo el engañoso mito del des-endeudamiento del Estado.
Ahora, en cambio, viene la nueva administración Macri para completar el tándem que la anterior le dejó preparada un porcentaje proporcionalmente menor de deuda externa medida sobre la deuda total (aproximadamente un 30 por ciento) para poder desarrollar la nueva ola de macro-endeudamiento del Estado en el marco de su política de gobernar con deuda.
Según las últimas cifras oficiales, la deuda pública en cabeza de la administración central era de unos 260.000 millones de dólares al 30 de junio pasado un total no desagregado todavía ni muy claro en cuanto al verdadero flujo y variaciones del primer semestre del año estimándose que el aumento del endeudamiento acumulado en el ejercicio estaría hoy en el orden de los 40.000 millones de dólares (incluyendo la nueva deuda de las provincias) y que pudiera llegar a sobrepasar los 50.000 millones a fin de año.
La administración macrista se desliza así sistemática e inexorablemente a gobernar con deuda, que es lo mismo que decir a depender de la deuda ya que sin esa inyección permanente de fondos nuevos y refinanciación de todos los pasivos existentes, el gobierno Macri perdería su estabilidad financiera y política.

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