Al fin se resolvió algo que nunca debió discutirse: qué fuero judicial debe investigar la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Llevó inconcebibles 20 meses dejar clara la competencia judicial que correspondía, pero al fin se ha logrado. Quizás algún día sepamos por qué el gobierno kirchnerista dirigió la pesquisa hacia la Justicia Criminal Nacional. Muchos lo sospechamos, pero nada está probado aún. Acotemos, para quienes no son abogados, que esa justicia es la equivalente a cualquier Justicia Criminal provincial. Tal vez la explicación del proceder del anterior gobierno la encontremos deduciendo conclusiones a partir de los lamentables hechos que rodearon a la escena del crimen, incompatibles con reglas que cualquiera aprende con solo ver televisión. Luego pasaron meses en idas y venidas, demorando pruebas de todo tipo, que debieron haber sido concretadas en días. Los enormes defectos del sistema procesal penal se mostraron en toda su dimensión.
Recordemos que la semana anterior a su muerte, el fiscal Nisman había denunciado penalmente a la Presidente de entonces y a algunos personajes de esa época, provocando advertencias destempladas por parte de ese sector político, que hasta lo convocó a dar explicaciones al Congreso, reunión a la que nunca llegó precisamente porque murió violentamente unas horas antes.
Poco tiempo después de su muerte, esa denuncia fue archivada en tiempo récord por el juez Daniel Rafecas, quien consideraba que Nisman no había demostrado que existiese algún delito como para iniciar la investigación. Y los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero ratificaron la decisión del juez.
Las denuncias del fiscal, las amenazas que recibió, la actitud de su custodia, los detalles del arma y de la sangre, el lugar de la muerte, ciertos llamados a celulares de personajes de entonces, la manipulación de su computadora, los encargos del fiscal para el día siguiente, sus conversaciones previas y llenas de vida con personas indubitables; ninguno de tantos indicios clarísimos convencieron a la Cámara de que esa muerte se acerca más a un homicidio que a un suicidio.
Para peor, desde la escena del crimen en adelante, casi todos los que intervinieron en la investigación la convirtieron en un ejemplo de lo que no debe hacerse, tanto por la lentitud como por los errores y horrores que nunca debieron existir, todo potenciado por la burocracia procesal del siglo XIX que el actual gobierno y el ministro de Justicia Germán Garavano están intentando cambiar.
La jueza nacional Fabiana Palmaghini consideró que el tema debía ir al fuero federal. La Cámara lo confirmó pero increíblemente Casación Federal dejó todo sin efecto y devolvió el caso a la jueza.
Un error de Casación que difícilmente se aclare, pero que sin duda hizo perder más tiempo aún a una investigación que viene siendo demasiado lenta e infructuosa.
La Corte ha actuado de acuerdo a la ley, a su propia jurisprudencia anterior y sobre todo, de acuerdo al sentido común, algo que falta demasiadas veces en demasiados fallos.
La muerte del fiscal Nisman, dice bien la Corte, puede haberse debido a muchas causas, incluido el homicidio. Pero en cualquier caso, no debe descartarse que esté directamente vinculada a sus investigaciones como fiscal.
Además, es seguro -sigue diciendo la Corte- que ha obstaculizado la actividad federal que llevaba a cabo Alberto Nisman. Por eso su muerte debe investigarla la Justicia Federal.
¿Será mejor y más rápida ahora la investigación? No lo sabemos. Demasiados años de lentitud y malos resultados hacen que todos, abogados o no, seamos poco optimistas cuando de investigaciones penales se trata. Solo se dilucidan los crímenes y se encuentra a los culpables en un porcentaje que, si no hablásemos de dramas, sería cómico.
Una vez más, la Justicia tiene la oportunidad de recuperar su prestigio perdido, demostrando que puede ser mejor y volver a un nivel equiparable a los promedios mundiales. Ahora intervendrán un buen juez y un buen fiscal. Por la familia del fiscal Nisman y por todos nosotros, ojalá que esta vez, se logre saber qué pasó y quien fue el responsable de una muerte que no debió ocurrir.

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