El descomunal aumento del precio del gas pone al país en situación límite y está en manos del Gobierno nacional, o la Justicia, solucionarlo. Hoy, como hecho inaudito, Argentina tiene hogares conminados a pagar el gas más caro del mundo. El impacto inmediato se siente en las economías domésticas. Ninguna familia con ingresos que dependen del salario puede afrontar un incremento del 400 %, con el agravante de que, en muchos casos, el tarifazo es muy superior.
Tampoco es viable un aumento del 500% para las empresas industriales, comerciales o de servicios, porque de esa manera sus costos se trasladarán a los precios, aumentará la inflación y serán los ciudadanos quienes paguen las consecuencias de decisiones políticas que en 14 años dejaron al país sin autobastecimiento hidrocarburífero ni sustentabilidad energética.
Ante la generalizada indignación de los usuarios, las empresas distribuidoras intentan justificar lo inexplicable, porque en lugar de la tantas veces recomendada gradualidad, se optó, otra vez, por acomodar el retraso tarifario en una sola factura. Entre fallos transitorios y anuncios de apelación del Gobierno nacional, nuevamente se omite repasar el origen de una crisis que ahonda las brechas sociales y regionales de la República que ayer comenzó a transitar su tercer Centenario. El congelamiento del valor del gas en boca de pozo sostenido desde 2002 fue decisivo en el derrumbe de los yacimientos de Salta y otras provincias productoras. Las compras a Bolivia llegaron a cuadruplicar el costo del gas para el mercado doméstico del país y a incrementar entre cinco y seis veces su precio con las adquisiciones desde Venezuela, Qatar, Trinidad y ahora también desde Chile. Los subsidios que se aplicaron para financiar ese pésimo negocio son la columna vertebral del déficit fiscal del país y de la caída del superávit comercial.
Más allá de las responsabilidades que aún esperan ser aclaradas, hay una realidad concreta: son el Estado y las empresas hidrocarburíferas los que deben hacerse cargo del problema con soluciones razonables. Un tarifazo como el que puso en vilo a hogares y empresas puede parecer para algunos como el camino más corto, la salida más fácil, aunque hogares con ingresos básicos no podrían de ningún modo afrontar semejante carga. Si las facturas no se pagan, la solución seguirá lejos, y si las distribuidoras cortan el suministro, el costo social será todavía más dramático. En marzo, al inaugurar el período legislativo, el presidente Mauricio Macri anunció que, con el reingreso de la Argentina a los mercados financieros, se proponía solucionar gradualmente el déficit para evitar un ajuste traumático para la gente. El acomodamiento de tarifas, sin embargo, resultó insostenible.
Pasado mañana, los cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia deberán emitir un pronunciamiento sobre la cuestión. Siete fallos federales han coincidido en suspender la aplicación de las resoluciones del Gobierno y del Ente Regulador Nacional del Gas (Enargas) que habilitaron los aumentos. El último dictamen, en La Plata, nacionalizó la decisión. Los jueces obligan a las empresas a revisar los aumentos, fundamentarlos y no cortar el servicio a los morosos. Hasta ahora, las explicaciones escuchadas carecieron de fundamentos. Los aumentos fueron dispuestos sin audiencia pública y esa es una falencia que el máximo tribunal no podrá pasar por alto. Las audiencias, ineludiblemente, deberán hacerse. En este caso no debería ocurrir que se conviertan en un simulacro, como es frecuente cuando las asambleas abordan otras cuestiones de menor impacto familiar.
Los jueces de la Suprema Corte y el Gobierno deben asumir la enorme sensibilidad del conflicto planteado. El país, en lo sustancial, necesita que las operadoras de sus yacimientos realicen las inversiones que demanda el abastecimiento de gas natural. Debe replantearse también la matriz energética, para aprovechar mejor la oportunidad de generar energía atómica, solar, eólica o a partir de biocombustibles.
Esa debe ser una tarea prioritaria del Gobierno nacional. La solución planteada por el ministro Juan José Aranguren, hasta ahora, solo atien de las urgencias de las empresas. Es una cuestión de sentido común que el gas es un servicio esencial, cuyo suministro no puede estar condicionado a los circunstanciales pro blemas del mercado y cuyo precio no debe desestabilizar las economías hogareñas. Si el Gobierno y la Justicia no encuentran una solución razonable, el país entero sufrirá un deplorable retroceso.

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Sección Editorial

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Jacinto Martinez
Jacinto Martinez · Hace 4 meses

Prefiero los catorce años de errores. Ahora los ricos no pagan impuestos, de donde saldrá el dinero?

Osvaldo castro
Osvaldo castro · Hace 4 meses

Esa es la estrategia del anterior gobierno: hacer que el nuevo gobierno se haga odiar con los animales. Esto fue echo a proposito Como puede ser que en inflacion todo subia menos el gas. Piensen animales y aprendan a votar y no la vuelvan a elegir a la cristina cuando vuelva a presentarse

Fernando   De Genaro
Fernando De Genaro · Hace 4 meses

Excelente artículo ¡¡¡¡¡¡ Muy buen resumen de la situación. No comprendo como un nuevo gobierno pueda castigar de golpe a los ciudadanos por decisiones del anterior gobierno. Sé que difiero en lo que el macrismo dijo " salvar de golpe las diferencias tarifarias". Mi opinión personal es que no se puede dejar a las familias a la deriva. Sin los aumentos debidos de salarios. Se quiere pagar, pero con algo dentro de las posibilidades. No se puede cargar la culpa al pueblo.

CAROLINA ABREU
CAROLINA ABREU · Hace 4 meses

AL PERRO NO SE LE CORTA LA COLA DE A POCO. NO ES EL GAS MAS CARO DEL MUNDO, ANTES DE LOS K VENDIAMOS GAS A CHILE AHORA LE COMPRAMOS, ¿SE ENTIENDE EL DESTROZO QUE HICIERON?. ES IMPOSIBLE TENER ENERGIA SIN INVERSION, ADEMAS MUCHOS SE ACOSTUMBRARON AL DERROCHE ESO SI NO PASA EN NINGUN LUGAR DEL MUNDO. NOS GUSTA QUE NOS MIENTAN SIN DUDA

laura  ing
laura ing · Hace 4 meses

no entiendo el aumento del 400% a las provincias si dicen que nosotros subsidiamos todos estos años el gas de los de buenos aires pagando mucho mas que ellos, para las provincias debería ser menor

CAROLINA ABREU
CAROLINA ABREU · Hace 4 meses

UNA COSA ES EL AUMENTO DE TARIFA Y OTRA EL SUBSIDIO A LA TARIFA, AUN SIGUE SUBSIDIADO. EL PROBLEMA QUE HAY MALA COMUNICACION POR PARTE DEL GOBIERNO Y CADA UNO ENTIENDE SEGUN SU SABER Y ENTENDER

CAROLINA ABREU
CAROLINA ABREU · Hace 4 meses

UNA COSA ES EL AUMENTO Y OTRA EL SUBSIDIO