Ante el inminente tratamiento de un proyecto de ley en el que se plantea la Reforma del Código de Aguas de la Provincia (Ley 7017), la Asociación de Consorcios de Usuarios de Agua Pública de Salta expresó su oposición a tal temperamento.
El régimen de Consorcios de Riego ha demostrado que es posible la articulación armónica y constructiva público-privada. Instalándose en el necesario equilibrio del Estado y la actividad productiva privada, tomando de esta la necesaria efectividad para producir y reservando a aquel el lógico control y poder de policía sobre un bien que es eminentemente social y después productivo, por lo que su titularidad la debe detentar el Estado.
La Secretaría de Recursos Hídricos, designada como autoridad de aplicación, administra el agua, siendo los consorcios quienes la distribuyen en el terreno, con arreglo a disposiciones y normas vigentes haciéndose cargo de la emisión de boletas de canon y prorrata, su distribución y gestión de cobranza. Los aportes en tales conceptos son depositados por los regantes en cuentas de los consorcios, cuyos fondos son controlados y liberados exclusivamente por la SRH.
Actualmente con la crisis que vive la producción, la recaudación asciende a un 55%, en tanto el número histórico de Agas era un 28%, hecho que exterioriza la mayor eficacia en las cobranzas del sistema de consorcios, sin costo para el Estado.
Debe tenerse en cuenta que la eficiencia de la captación y distribución del agua, con arreglo a los cánones respectivos es de exclusiva responsabilidad de los consorcios compuestos por los regantes. Las situaciones especiales por emergencias climáticas, productivas, etc. son atendidas en primer instancia por el consorcio. Objetivamente la efectividad y eficiencia de un sistema hídrico manejado en su faz ejecutiva por manos privadas, que precisamente dependen del mismo para producir, serán máximas en salvaguarda de sus propios intereses. Los abusos, errores, etc. deben estar regulados, y sus medidas correctivas o penalizaciones, en caso de corresponder, administradas por la autoridad de aplicación y así es.
El Código de Aguas con una filosofía asumida por países como España cuyos sistemas de riego se remontan a siglos de historia, da identidad a los fondos recaudados en concepto de canon o prorrata, siendo utilizados por los consorcios.
No hay duda de que el legislador aunó dos conceptos definitivos para el éxito de la empresa hídrica; preservó los fondos y alineó el esfuerzo productivo privado que no depende en general de avatares políticos o burocráticos. Es importante insistir en que la disposición de fondos regulados y auditados por la Secretaría de Recursos Hídricos, tienen en el régimen actual, la condición de estar en las cuentas respectivas de cada consorcio según su propia recaudación, siendo librado de acuerdo a proyectos aprobados y/o rendiciones cumplidas, por y ante dicha secretaría. La modificación propuesta significaría someter la disposición de fondos que han aportado los regantes a una decisión política del Ejecutivo. Un paso atrás en la dinámica actual de ejecución de obras o servicios hídricos realizados por los consorcios. Creemos que en un momento en que buscamos fórmulas para destrabar la producción y hacer realidad el desarrollo productivo para llegar mediante eficiencia e inversión privada y pública a la meta de 400.000 hectáreas bajo riego, este tipo de medidas propende a romper el funcionamiento alcanzado. La reforma propuesta es similar a una carta en un castillo de naipes, se desmoronaría todo lo realizado y el sistema, que comienza a dar sus frutos, quedaría destruido.

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Sección Editorial

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gregory house
gregory house · Hace 6 meses

ok, me convenciste con todos esos argumentos


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