Unos 40 vecinos de San Luis se ubicaron ayer, a las 9, bajo el puente de la autopista Circunvalación Oeste, sobre la ruta 51, para reclamar al Gobierno de la Provincia una solución habitacional. Piden que se compren dos hectáreas privadas que quedan sobre la calle Cerro Bola, del barrio San Luis, y se las adjudiquen a los 150 grupos familiares demandantes. Es la segunda vez que toman esta medida, ya que el 22 de octubre pasado se habían instalado en el mismo lugar y habían pernoctado allí. La manifestación se dispersó al día siguiente luego de que la delegada municipal de San Luis, Belén Flores, mantuviera una reunión con el intendente Miguel Isa y el jefe de Gabinete, Roque Mascarello, y se avizorara un principio de solución. Aunque no es competencia municipal, los funcionarios de la comuna se habían comprometido a verificar si esas tierras son habitables -porque por allí pasa un cable de alta tensión y están a doscientos metros del margen de un río-, si el propietario tiene intención de venderlas y cuál es su valor.
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Unos 40 vecinos de San Luis se ubicaron ayer, a las 9, bajo el puente de la autopista Circunvalación Oeste, sobre la ruta 51, para reclamar al Gobierno de la Provincia una solución habitacional. Piden que se compren dos hectáreas privadas que quedan sobre la calle Cerro Bola, del barrio San Luis, y se las adjudiquen a los 150 grupos familiares demandantes. Es la segunda vez que toman esta medida, ya que el 22 de octubre pasado se habían instalado en el mismo lugar y habían pernoctado allí. La manifestación se dispersó al día siguiente luego de que la delegada municipal de San Luis, Belén Flores, mantuviera una reunión con el intendente Miguel Isa y el jefe de Gabinete, Roque Mascarello, y se avizorara un principio de solución. Aunque no es competencia municipal, los funcionarios de la comuna se habían comprometido a verificar si esas tierras son habitables -porque por allí pasa un cable de alta tensión y están a doscientos metros del margen de un río-, si el propietario tiene intención de venderlas y cuál es su valor.
En diálogo con El Tribuno, Belén Flores contó que los vecinos están disconformes con los plazos que implican estas gestiones y que ella había intercedido para que los voceros de estas familias expusieran sus inquietudes al coordinador de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, Guillermo Gómez, pero los vecinos no acudieron a la cita.
Rosaura Elisa Coria, una de las representantes del grupo, argumentó al respecto que la mayoría son trabajadores en negro cansados de renovar expedientes en Tierra y Hábitat o que directamente no reúnen los requisitos mínimos para postularse a un plan de viviendas del IPV y que integrar el padrón de estos organismos implicaría la posibilidad de que les adjudicaran viviendas o terrenos fuera de San Luis.
Trabajan en la zona
“La gente acá tiene inocencia y así crían a sus hijos y tienen su trabajo en las fincas, los peladeros de pollo y los countries. Por eso pedimos que el Gobierno dé prioridad a la gente para que se quede aquí”, expresó. Agregó que no iban a cortar la ruta “porque no queremos perjudicar a nadie”, pero sí que se organizarían en turnos y no dejarían el lugar hasta que reciban una respuesta concreta del Gobierno. Además, iban a repartir panfletos que informen sobre sus demandas a las personas que transiten por allí.
Sergio Zalazar, otro delegado del grupo, indicó que los manifestantes viven en lugares precarios, hacinados en casas de parientes o alquilan y ven amenazada la continuidad de sus contratos por la alta demanda y escasa oferta de viviendas y habitaciones para rentar.