En una reunión que mantuvieron con productores en General Gemes, los senadores Juan Carlos Romero y Sonia Escudero ratificaron su compromiso en defensa del sector tabacalero. En el encuentro realizado en la delegación de la Cámara del Tabaco, los productores plantearon la incertidumbre que genera la situación económica, la falta de acceso al crédito y necesidades de obras y servicios públicos, y se acordó avanzar en una agenda de trabajo común.
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En una reunión que mantuvieron con productores en General Gemes, los senadores Juan Carlos Romero y Sonia Escudero ratificaron su compromiso en defensa del sector tabacalero. En el encuentro realizado en la delegación de la Cámara del Tabaco, los productores plantearon la incertidumbre que genera la situación económica, la falta de acceso al crédito y necesidades de obras y servicios públicos, y se acordó avanzar en una agenda de trabajo común.
“El sector, compuesto en un 80% por pequeños productores, plantea necesidades como falta de un servicio público de transporte para los trabajadores, para poder adaptarse a las reglamentaciones del nuevo estatuto del peón rural. Además, manifestaron inquietud por el sostenimiento del Fondo Especial del Tabaco y necesidad de acceder a líneas de créditos a tasas blandas”, detalló Escudero.
Por su parte, Romero ratificó su compromiso con la producción salteña, la necesidad de estar siempre alerta ante los embates por el Fondo Especial del Tabaco y de apostar de manera responsable a la diversificación, cuando ésta sea posible.
Escuchar de boca de los productores los nuevos desafíos convierten a esos planteos en un plan de acción que desde el Senado de la Nación se defenderá, dijo. “Hay variables macroeconómicas que no podemos controlar, como el valor del dólar, las medidas centralistas, el cambio de las reglas de juego con el sector productivo, pero con el esfuerzo de siempre se podrá, como ya pasó, superar esas dificultades”, señaló.
Los legisladores explicaron los proyectos presentados en defensa de la producción y dijeron que impulsan una ley de promoción industrial para las provincias más afectadas por la pobreza y la marginación.
La iniciativa plantea beneficios impositivos a emprendimientos radicados en provincias con índice de pobreza superior al 10%.
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