La tensión volvió a dividir las aguas del río Uruguay. Mientras que el gobierno uruguayo de José Mujica redobló la apuesta por la papelera UTP (ex-Botnia), los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a protestar ayer contra la instalación de la pastera finlandesa.
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La tensión volvió a dividir las aguas del río Uruguay. Mientras que el gobierno uruguayo de José Mujica redobló la apuesta por la papelera UTP (ex-Botnia), los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a protestar ayer contra la instalación de la pastera finlandesa.
Es que la administración Mujica renovó hasta 2016 la autorización ambiental a la planta de celulosa UPM-Botnia, que vencía hoy y que debe renovarse cada tres años.
Esta medida fue confirmada por el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, quien aseguró que la empresa “viene cumpliendo con los requisitos de mejora de impacto ambiental que exige el Gobierno para autorizarle el incremento de producción, de 1,1 a 1,2 millones de toneladas anuales”, permiso que concedió el presidente José Mujica a principios de octubre.
De todos modos, el incremento de la producción de la papelera fue condicionado al cumplimiento de una serie de obras para reducir el vertido de fósforo en el río Uruguay y disminuir la temperatura de los efluentes de la planta.
Otra protesta pacífica
Cabe destacar que ayer mismo, a un día de que se venciera el plazo para la renovación del permiso ambiental a la ex-Botnia, unas 30 embarcaciones participaron de la caravana náutica en el río Uruguay, organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.
Desde muy temprano comenzaron los preparativos para la marcha, que se realizó a media tarde y que fue acompañada por asambleístas en autos, que partieron desde el paraje Arroyo Verde en la ruta 136 y recorrieron todo el puente internacional General San Martín, en medio de la atenta mirada de efectivos de Prefectura de Uruguay.
El acto central de los asambleístas se realizó en pleno río, frente a la misma planta pastera de UTP.
Lo cierto es que desde el gobierno de Mujica hubo un operativo especial de seguridad en el río Uruguay, que marca el límite con nuestro país, debido al nerviosismo que causa cada protesta náutica.
Unos cien efectivos de la Armada y de la Prefectura Nacional naval, además de un buque guardacosta y un helicóptero de la Aviación Naval, fueron desplazados a la fronteriza ciudad de Fray Bentos.
Según el vocero de la fuerza naval uruguaya, Gastón Juansolo, el objetivo era “garantizar la seguridad y prevenir posibles desórdenes” en la frontera con Argentina y en el río Uruguay, agregó.
Además, se privilegió asegurar “la libre circulación a través de puente internacional” General San Martín.
Dura postura ambientalista
Durante el acto de ayer, el asambleísta Raúl Almeida, uno de los representantes de la Asamblea de Gualeguaychú, destacó que “la participación fue importante a pesar de que era una tarde con mucho viento sobre el río Uruguay”, y precisó que “hubo una fuerte presencia de Prefectura uruguaya, con cuatro o cinco motos de agua, cuatro o cinco gomones, tres barcos y hasta un helicóptero”, manifestó.
Los manifestantes leyeron una proclama titulada “Por la salud del río Uruguay”, en la que pidieron “al Gobierno uruguayo y al argentino que escuchen la voz de sus pueblos y les reconozcan el derecho humano de vivir en un ambiente sano”.
“Estamos frente al monstruo enviado por Finlandia y aplaudido por el Gobierno de Uruguay. Llevamos ya más de diez años en la lucha contra este monstruo contaminante y hoy volvemos a expresarnos aquí para reafirmar nuestra inclaudicable decisión de oponernos”, concluyó.
Una medida que causa más distanciamiento
En medio de la disputa entre Argentina y Uruguay por la pastera, el gobierno de Mujica incrementó las crítica al gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner, al considerar que las políticas implementadas por nuestro país “perjudican notablemente” al Mercosur.
Uruguay consideró como una represalia que Argentina prohibiera la semana pasada el transbordo de cargas de exportación generadas en puertos argentinos en terminales de otros países con los que no existen acuerdos, como es el caso de Montevideo, lo que produciría millonarias pérdidas al país vecino.
Cabe destacar que ese pedido lo había realizado el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique Mantilla, al propio ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.