Luego del estupor que causó la violación y asesinato de Claudia Judith Palma, de 9 años, en J.V. González, la senadora por Salta, Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre) solicitó, en la sesión de hoy, al presidente del Senado de la Nación, Amado Boudou y a los presidentes de los bloques parlamentarios “que hagan gestiones ante los diputados nacionales para que conviertan en ley, en forma urgente, un proyecto de mi autoria para crear el registro de datos genéticos de abusadores y violadores, que está durmiendo desde mediados de 2011”.
“Ante la violación y asesinato de Claudia, una nena de tan sólo 9 años de Joaquín V. González, un hecho que conmueve a toda la Argentina, les pido a los diputados que conviertan en ley un proyecto en el que vengo trabajando hace varios años para que el país cuente con un registro de datos genéticos, para que podamos hacer el seguimiento de estos abusadores, para que estos delitos puedan esclarecerse rápidamente y no queden impunes”, resaltó la parlamentaria salteña.
Asimismo, la legisladora agregó que la iniciativa –aprobada en el 31 de agosto en el Senado- tiene dictamen de una de las comisiones a las que fue girada en Diputados, sin embargo “desde noviembre del año pasado está parada en la comisión de familia, mujer, niñez y adolescencia”.
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Luego del estupor que causó la violación y asesinato de Claudia Judith Palma, de 9 años, en J.V. González, la senadora por Salta, Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre) solicitó, en la sesión de hoy, al presidente del Senado de la Nación, Amado Boudou y a los presidentes de los bloques parlamentarios “que hagan gestiones ante los diputados nacionales para que conviertan en ley, en forma urgente, un proyecto de mi autoria para crear el registro de datos genéticos de abusadores y violadores, que está durmiendo desde mediados de 2011”.
“Ante la violación y asesinato de Claudia, una nena de tan sólo 9 años de Joaquín V. González, un hecho que conmueve a toda la Argentina, les pido a los diputados que conviertan en ley un proyecto en el que vengo trabajando hace varios años para que el país cuente con un registro de datos genéticos, para que podamos hacer el seguimiento de estos abusadores, para que estos delitos puedan esclarecerse rápidamente y no queden impunes”, resaltó la parlamentaria salteña.
Asimismo, la legisladora agregó que la iniciativa –aprobada en el 31 de agosto en el Senado- tiene dictamen de una de las comisiones a las que fue girada en Diputados, sin embargo “desde noviembre del año pasado está parada en la comisión de familia, mujer, niñez y adolescencia”.
El pedido fue respaldado por el presidente de la bancada oficialista del Senado, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que se trata de un proyecto “por el que vienen bregando, desde hace tiempo, las Madres del Dolor. Les pedimos a los colegas diputados que lo traten, es una herramienta fundamental para identificar el ADN de los acusados por estos delitos, saber dónde viven”. El legislador pidió, además, “eliminar los prejuicios, para contar con una norma que ayudará en la investigación de hechos aberrantes como el de Salta”.
En igual sentido se pronunciaron el presidente del bloque de la UCR, el tucumano José Cano, y el senador por Catamarca, Oscar Castillo.
El proyecto
El proyecto propone crear un registro de datos genéticos, “una herramienta que facilitará el esclarecimiento de delitos sexuales, ya que en estos casos las pruebas genéticas son definitorias”, explicó Escudero.
El Registro deberá funcionar en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y tendrá como finalidad facilitar el esclarecimiento de los hechos en el marco de una investigación judicial vinculada a un delito contra la integridad sexual, para individualizar a los responsables.
“Almacenará datos provenientes de dos fuentes: contará con datos genéticos de personas condenadas con sentencia firme y también con información biológica recogida en la escena del crimen o de la víctima del delito”, aclaró la senadora por Salta, Sonia Escudero.
Su acceso será restringido a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales de todo el país en el marco de una causa judicial por delitos contra la integridad sexual.