Las cuestiones económicas y productivas en que interviene el Estado siempre tienen por lo menos cuatro actores: el gobierno de turno, el grupo de interés directamente vinculado al caso, los múltiples grupos de interés con expectativas futuras y la sociedad entera que se beneficiará o perjudicará con el resultado.
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Las cuestiones económicas y productivas en que interviene el Estado siempre tienen por lo menos cuatro actores: el gobierno de turno, el grupo de interés directamente vinculado al caso, los múltiples grupos de interés con expectativas futuras y la sociedad entera que se beneficiará o perjudicará con el resultado.
Lo que sucede en estos días con el proyecto de ley de hidrocarburos muestra a las claras la presencia de esos cuatro actores. El Estado nacional y las provincias, por una parte, las empresas con algún contrato vigente, los inversores del mundo que esperan la nueva ley para decidir si invierten en Argentina o no y la sociedad argentina. ¿Cuál es el panorama de la negociación y qué puede esperarse?.
El Estado nacional es un abusador crónico, que en los últimos años saqueó a las provincias fraguando los números de las regalías. Groseramente inventó cifras y les transfirió menos de lo que correspondía. Frente a esta situación, el temor y la sumisión que muestran los gobernadores oficialistas para con la Presidente y la fuerte dependencia económica en que ellos mismos colocaron a sus provincias, los limita a ser meros “aplaudidores”, aunque intenten mostrar lo contrario.
¿Es prudente invertir en un país cuya institucionalidad depende de voluntades políticas?
La Constitución Nacional tampoco soluciona el tema (por eso se debate la nueva ley). Si bien establece que las provincias son dueñas de sus recursos naturales (artículo 124´), la normativa vigente deja la jurisdicción en la Nación. En criollo: las provincias “administran” el recurso y la Nación contrata y dicta las reglas bajo las cuales debe administrar. Lo lógico sería que decida el dueño y administre un tercero. En este caso es al revés. El texto constitucional no aporta demasiado, especialmente ante gobernadores timoratos y dubitativos que no se atreven a plantarse con firmeza. Si la Constitución otorga el dominio a las provincias, las condiciones para la explotación las deciden las autoridades provinciales. Sin embargo no se atreven a plantearlo porque cedieron tanto y tienen tan poca capacidad de gestión que luego no sabrían qué hacer con los recursos disponibles.
En su temerosa mediocridad prefieren que el problema lo resuelva la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué puede esperarse de la Corte?. En su actual constitución, la Corte Suprema en 2005 (caso Tecpetrol), asumió una postura favorable a las potestades provinciales. Sin embargo, en 2007 (caso Neuquén c/ Capex), la mayoría del Tribunal inclinó la balanza hacia la Nación. Hoy se encuentra pendiente un fallo por un reclamo de Neuquén, pero seguramente la Corte confirmará su última postura, dejando las ilusiones provinciales enterradas. Cuando eso suceda el interior no debe criticar el fallo de la Corte sino a sus mandatarios que, en estos días, negocian financiamiento para las próximas elecciones a cambio de entregar a la Nación el manejo de los recursos naturales provinciales. Sin dudas lamentable y vergonzoso.
Sin embargo, detrás del estado nacional abusador y los gobernadores débiles y de la normativa ambigua, se esconde quizás el motivo que más desalienta la inversión en Argentina: la inseguridad jurídica derivada de la ambigedad constitucional referida (los grandes empresarios no se atreven a invertir en un país donde sus autoridades no se ponen de acuerdo), pero fundamentalmente de una jurisprudencia reciente, tan vetusta como dañina. Se trata de las sentencias emitidas en los casos Cadipsa (2000) y Petroquímica C.R. (2010). En síntesis, nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo a dos grupos inversores que si una provincia objeta judicialmente una concesión otorgada por el Estado nacional y la Justicia falla a favor de la Provincia, todo vuelve atrás y las inversiones realizadas se pierden por revocarse la concesión o se encarecen por un tributo nuevo. Cuando los inversores advierten la existencia de estos fallos, inmediatamente destinan su dinero a otros países o invierten poco y lentamente hasta tener claro el panorama. Ambas cosas perjudican terriblemente al cuarto actor que mencionábamos al principio, es decir, a la totalidad de los argentinos.
Hemos puesto sobre el tapete todos los problemas que afectan actualmente la cuestión de los hidrocarburos. A nuestro entender, el problema es complejo y surge por una suma de factores. La ambigedad constitucional, los polémicos fallos judiciales y la pequeñez y mezquindad de la dirigencia política actual, que sólo piensa en cobrar más tributos, recaudar para las próximas elecciones y pedir al Poder Judicial que resuelva cuestiones netamente políticas. Es hora que los gobernadores asuman con seriedad la defensa de los intereses de sus provincias, que el gobierno nacional respete las soberanías provinciales y que los jueces no castiguen al inversor por los errores y arbitrariedades de los gobernantes. Sólo así, el cuarto actor, los ciudadanos argentinos, podrán recoger frutos nobles y duraderos.