Al menos 33 presos fueron brutalmente asesinados la madrugada del viernes en una cárcel de Roraima, en el norte de Brasil, cuatro días después de que una sangrienta venganza dejara 56 muertos en un presidio de Manaos, en plena guerra entre bandas por el control del narcotráfico. Como en la capital de Amazonas, las víctimas fueron decapitadas, mutiladas y desmembradas, según las fotografías obtenidas por la AFP, donde aparecen decenas de cuerpos apilados en un gigante baño de sangre. "La Secretaría de Justicia y Ciudadanía informa que en esta madrugada (día 6) fueron registradas 33 muertes en la Pamc (Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo)", indicó el gobierno de Roraima en un breve comunicado, precisando que la situación está ahora "bajo control". La policía se encontraba en este presidio de las afueras de la capital, Boa Vista, identificando las causas, aunque las primeras informaciones apuntan a que no se trató de un motín, sino de una acción rápida de un grupo de reclusos, en menos de una hora, según informó a la AFP la asesoría de comunicación del gobierno local. Por el momento, no se habían encontrado armas de fuego en la prisión y la mayoría de los asesinatos fue cometido con armas blancas, añadió la portavoz. No es la primera vez, sin embargo, que la mayor cárcel de este estado fronterizo con Venezuela registra incidentes en los últimos meses. El 17 de octubre, diez presos murieron en la Pamc tras un enfrentamiento entre facciones, algunos decapitados y otros quemados vivos. El mismo día, ocho reclusos fueron asesinados en una cárcel de Rondonia, también en el norte de Brasil. En aquel momento, el Pamc contaba con 1.400 internos, el doble de su capacidad.

Guerra sangrienta
Este nuevo incidente ocurre apenas cuatro días después de que una rebelión en el vecino estado de Amazonas dejara 56 muertos, la segunda mayor masacre registrada en una prisión brasileña. La matanza en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj) de Manaos se desató el domingo por la tarde tras un choque entre dos grupos criminales que se disputan el control del narcotráfico en la estratégica región de Amazonas: el Primer Comando de la Capital (PCC), originario de Sao Paulo, y la banda local Familia del Norte (FDN). Los brutales asesinatos y su ostentación de la violencia -la mayoría de las víctimas fueron decapitadas y mutiladas- respondieron, según las investigaciones, a una venganza del FDN, aliado del Comando Vermelho (CV) de Rio, contra el PCC, la poderosa organización nacida a inicios de la década de 1990 en una cárcel paulista. Una "tragedia anunciada" para expertos como Camila Dias, doctora en Sociología y profesora de la Universidad Federal del ABC, que venían alertando de las consecuencias desastrosas que podía traer para el deficiente sistema penitenciario brasileño la guerra abierta entre el PCC y el Comando Vermelho.
Las dos organizaciones criminales más poderosas de Brasil rompieron su alianza en julio, dando inicio a una guerra sangrienta por el dominio nacional del narcotráfico. Después de la matanza en Manaos, organizaciones internacionales como Human Rights Watch o el Papa Francisco llamaron la atención sobre las condiciones de vida en las cárceles de Brasil, consumidas por la superpoblación y el dominio de las bandas. Cómodas en su interior, -donde disponen de celulares, armas o drogas-, estas facciones han hecho de los presidios su centro de operaciones.
Nuevas medidas
Presionado por su largo silencio ante la rebelión de Manaos, el presidente de Brasil, Michel Temer, anunció el jueves la construcción de nuevas cárceles en los 26 estados del país, además del Distrito Federal, para hacer frente a una crisis que, como anunciaron los expertos, no tardaría en sumar nuevos capítulos. La guerra en las cárceles "es efecto de una política de encarcelamiento en masa que produce y amplifica las pésimas condiciones de las prisiones brasileñas", afirmó Dias a la AFP. "El Estado no tiene condiciones para controlar a los presos y una ruptura entre estos grupos aumenta la violencia al provocar una alineación de los grupos locales, que están presentes en todo Brasil, a uno u otro de estos grupos mayores", añadió. Con 622.000 personas privadas de libertad -en su mayoría jóvenes negros-, el gigante sudamericano tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia, según datos oficiales. A nivel nacional, la tasa de ocupación de las prisiones es del 167% y un informe del ministerio de Justicia estima que habría que aumentar las plazas en un 50% para solucionar el problema. Más de un preso por día murió de forma violenta en las cárceles brasileñas durante 2016, según datos recogidos por la prensa local.

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