La realidad en el mundo de las relaciones laborales presenta facetas que han impulsado al legislador a dictar normativas especiales que cubran esas particularidades. Históricamente, podemos distinguir distintas etapas y diversas motivaciones en el dictado de los estatutos especiales:
a) una primera época en la que al no existir normativa sobre convenios colectivos (hasta 1954), los trabajadores presionaron para que sus conquistas se plasmaran en normas legales (caso bancarios, periodistas, encargados de edificios, etc.);
b) un segundo período, especialmente durante los gobiernos militares, en el que se derogan algunos de esos estatutos de "privilegio" y se dictan leyes que atienden a las particularidades de la relación, pero en perjuicio del trabajador. (Ej. trabajadores de la construcción, rurales, etc.);
c) una tercera etapa, durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el que se derogan las dos viejas reglamentaciones de trabajadores domésticos y rurales; estableciendo nuevos estatutos decididamente en favor de estos sectores históricamente postergados. Ya casi finalizando el mandato de Cristina Kirchner, se dictaron tres nuevos estatutos, sobre los que brevemente haremos algunos comentarios.
Los estatutos a los que nos referimos son: guardavidas (ley 27.153), musicoterapeutas (27.155) y actividad actoral (ley 27.203). En realidad, la normativa referida al ejercicio profesional de la musicoterapia no tiene mayor vinculación con el derecho del trabajo, sino con el desempeño autónomo de esta actividad. Se trata de una de esas normas corporativas en las que se busca un ejercicio restringido del derecho de trabajar solo para quienes reúnan los requisitos que allí se establecen.
De hecho, no es una norma que pueda aplicarse en todo el territorio nacional, ya que trata materias reservadas a los poderes locales. La misma ley dispone que solo sea aplicable en la medida en que las distintas jurisdicciones provinciales adhieran a ella.
El estatuto que establece el marco regulatorio para la formación y ejercicio del trabajo de la profesión de guardavidas también incursiona en facultades propias de los gobiernos provinciales. Por ejemplo, intenta establecer obligaciones de los municipios, lo que es absolutamente inconstitucional. Esta actividad de manera alguna justifica el dictado de un estatuto específico, pudiendo haber sido regulada perfectamente por medio de convenios colectivos.
Finalmente, el régimen para actores e intérpretes (que comprende también a directores, apuntadores, así como los asistentes de cualquiera de ellos, coristas y cuerpos de baile) ha recibido numerosas críticas por haber sido dictada en forma apresurada e inconsulta. En la ley encontramos cuatro cuestiones importantes: primero, ratifica la condición de trabajadores en relación de dependencia de actores e intérpretes; segundo, tutela el uso de la imagen de los actores, actrices e intérpretes; tercero, instituye como obligatorio que la conformación del contrato se realice de forma escrita y que su redacción se lleve a cabo conforme las normas establecidas y homologadas en el convenio colectivo correspondiente a cada rama de la actividad. Cuarto y último, le da cobertura desde lo previsional a un colectivo de trabajadores que se caracteriza por su discontinuidad laboral.
Todas estas cuestiones merecen un tratamiento más extenso, que reservamos para una próxima nota.

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