Ya en jurisdicción de San Lorenzo, aunque en los límites con la capital, a la altura del kilómetro 4 de la ruta provincial 99 que conduce a Atocha, se encuentra la barriada Hernán Figueroa Reyes, también conocida como "barrio municipal" porque está situada en los terrenos que en otro tiempo pertenecían a la Asociación Mutual Municipal de Salta.
En la parte posterior del perímetro del barrio, lindando con Nueva Esperanza y el loteo Las Moras, en la inmensidad de las recónditas urbanizaciones de urgencia. Un área de unas tres hectáreas fue ocupada a mediados de mes, específicamente el 14 de octubre último, por unas 100 personas. Con celeridad demarcaron las parcelas de 10x20, apiñaron bloques, trasladaron postes para conexiones de cables y hasta abrieron caminos internos.
El déficit habitacional, una de las causas que convierten a Salta capital en uno de los conglomerados con mayor pobreza multidimensional del país, propala nuevamente un escenario de lucha de pobres contra pobres. En esta oportunidad, las tierras del sudoeste del ejido capitalino son la escena de esta paradoja social.

Preeminencia

Los vecinos del barrio Hernán Figueroa Reyes, que aún no cuentan con sus escrituras aunque están ya embarcados en un proceso de regularización catastral, afirman que ese espacio estaba destinado para una plaza y un complejo deportivo. Aseguran que pagaron para que allí se instale el mobiliario del espacio verde y las canchas, aunque no son claros para especificar a quién le confiaron el dinero para tal cosa.
Luis Pedro Rodríguez Acosta es el responsable del "barrio municipal", declarado como tal por el Juzgado de Quiebras de Primera Nominación, según dice. Se resolvió así ya que la Asociación Mutual Municipal se había declarado en bancarrota, sigue su reseña Rodríguez Acosta, quien asegura que el problema con los nuevos okupas es que "tienen un apoyo político".
Para sostener dicha afirmación, sugiere que el accionar policial le da la razón a su presunción. "Hicimos la denuncia ante la policía, y curiosamente no intervine. Por orden del juez de quiebras Pablo Muiños, dictada el 24 de octubre, la Policía debería estar haciendo custodia permanente de los terrenos", indica.
El vocero de los vecinos de Hernán Figueroa Reyes se explayó remarcando que tal determinación judicial fue para que no sigan construyendo los ocupantes hasta que no haya una resolución del conflicto.
En una recorrida realizada por El Tribuno por la zona se vislumbró que hay muchas parcelas en las que se están erigiendo pozos y muros.

El acuerdo

Los propios ocupantes calculan que se han dividido las tres hectáreas en unos 142 lotes.
Argumentan que no están allí de improvisados, que han consignado un acuerdo con la Subsecretaría de Tierra y Hábitat en tiempos de Rodrigo Diez, libre aunque imputado por la corruptela en la dependencia que se desnudó con el loteo de Parque La Vega, a principios de este año.

Una prueba

El propio Rodríguez Acosta reconoce haber visto tal documento, aunque entiende que no debe tener legitimidad por haberse rubricado con una conducción comprobadamente espuria, como la de Diez.
Aseguran que la fiscal penal que interviene en el litigio por esta ocupación, Gabriela Nallar, consideró que ese documento es legítimo y por eso se ordenó la paralización de la situación tal como esta: ocupación de las tres hectáreas y loteo realizado por los ocupantes, pero con la prohibición de construir.
Muchos de los ocupantes no saben quién los llevó allí, se produjo una cadena de boca en boca entre personas que necesitaban una lugar para vivir. Reconocen, a regañadientes, que algunos pagaron para tener un lote ahí. No se animan a brindar nombres ni mayores precisiones, prefieren no exponerse.

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Sección Editorial

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