El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer operativos en los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Energía y Minería de la Nación para obtener información sobre el nuevo derrame de cianuro de la mina Veladero en San Juan, que explota la empresa Barrick Gold.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal federal Ramiro González y encomendó la tarea a la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. El juez dispuso que una orden de presentación en caso de no ser cumplida los ministerios deben ser allanados.
El fiscal requirió saber si Barrick Gold o las autoridades de San Juan le informaron al Gobierno nacional sobre el derrame ocurrido la semana pasada y cuáles fueron las medidas que los dos ministerios llevaron a cabo respecto del derrame.
Además, González pidió saber si hubo un seguimiento sobre el derrame de un millón de litros de cianuro que ocurrió en la misma mina en septiembre del año pasado y que le aporten la documentación correspondiente sobre las acciones tomadas.
Las medidas se dictaron luego de que Barrick Gold reconociera que el jueves pasado hubo un incidente dentro del valle de lixiviación por el desacople de una cañería corrugada que se habría producido por el choque de un trozo de hielo. Eso provocó el derrame de cianuro y la empresa informó que "no hubo contacto con ningún curso de agua ni con canales de desvío".
Sin embargo, los vecinos desconfían de la versión de la empresa porque el año pasado la compañía también sostuvo que el derrame no había llegado a los ríos pero luego se determinó que sí. Hubo un millón de litros de cianuro que se vertieron en el río Potrerillos.
Por ese motivo, la "Asamblea Jáchal No se Toca" le pidió al juez Casanello "el cierre inmediato de la mina Veladero". Los abogados de la asamblea que patrocinan a los vecinos de Jáchal, Enrique Viale y Diego Seguí, presentaron hoy un escrito en el que solicitaron el cierre de la mina por incumplir con la ley de glaciares.
"La ley de glaciares es muy sabia, y prohíbe taxativamente la actividad minera para evitar estas problemáticas en las denominadas "fábricas de agua'', en donde están el nacimiento de nuestros ríos. Por todo ello y atento el flagrante incumpliendo de la ley de glaciares, debe impelerse judicialmente su aplicación efectiva imponiéndose el cierre de la mina Veladero tal como lo establece expresamente el artículo 15 in fine de la norma", sostuvieron los abogados. Esa norma establece que "en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración".
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció el cierre preventivo de la mina -sin que se afecten los puestos de trabajo y los salarios de los empleados- y dispuso que funcionarios y técnicos del Ministerio de Minería fueran a la mina para evaluar la situación.

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