Cuando todos pensaban que el debate por Manchalá estaba superado, el Concejo Deliberante abrió la vieja herida y derogó una resolución de 2012 por la cual se decidió remover el monumento al combate ocurrido en 1975. La medida se tomó por una iniciativa del concejal del PRO Andrés Suriani, que fue aprobada el miércoles a la noche y generó una ola de declaraciones cruzadas.
El Concejo Deliberante llegó a un acuerdo para demoler el monumento que recuerda la contienda de Manchalá. La estructura está ubicada en la avenida Arenales, y el Concejo Deliberante consideró hace cuatro años que era un símbolo del terrorismo de Estado. Sin embargo, por impulso de Suriani, el miércoles se derogó la ordenanza de 2012 y se dispuso hacer un homenaje a los soldados que participaron de ese combate.
Desde el lado de los organismos de derechos humanos, aseguran que "la nostalgia por la dictadura sigue latente". Del otro lado, que "utilizaron a Manchalá con fines netamente políticos". En el medio quedaron los concejales que levantaron la mano.
"Lo que nosotros hicimos es acompañar un homenaje a conscriptos salteños que murieron por la violencia de esos tiempos; no es otra cosa. La resolución no está pidiendo que se arme de nuevo el monumento a Manchalá, por eso tuvo el consenso. Es solo un reconocimiento a los soldados conscriptos y a sus familias. Nada más. No es abrir nuevamente la discusión ya que sabemos las consecuencias de del terrorismo de Estado. Esto no habilita la teoría de los dos demonios", dijo Matías Cánepa, quien firmó y es sobrino de Pablo Outes, fusilado junto a otras diez personas en 1976, en la masacre de Palomitas.
La iniciativa llevó la firma de concejales de distintos bloques. Alberto Castillo y Virginia Cornejo (PRO); Luis Hosel, David Leiva y Mario Moreno ( PV); Ángela Di Bez (Primero Salta), Ángel Ortiz (UCR) y Gustavo Serralta (PJ) dieron su acuerdo.
La iniciativa de Suriani se trató sobre tablas, ya cerca de la madrugada, y muchos sugirieron que fue "entre gallos y medianoche".
"La derogación de la ordenanza propone solapadamente instaurar la teoría de los dos demonios y no reconocer las normas que imponen al Estado argentino investigar el terrorismo e informar sobre los desaparecidos y la sustracción de bebés antes y durante la dictadura", dijo la abogada Tania Kiriaco, protagonista de varias querellas en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia.
"Esta resolución merece el repudio enérgico del Frente Grande al autor del proyecto y a los concejales firmantes por tener una ideología contraria a un Estado democrático", difundieron organizaciones de derechos humanos.
"No por nada diez concejales de todo el arco político firmaron la iniciativa", dijo en diálogo con El Tribuno Andrés Suriani, autor del proyecto. "La representación es mayoritaria. La votación fue de 12 a 3. Había radicales, peronistas, de Sáenz y hasta del Frente para la Victoria. En la iniciativa de (Martín) Ávila se mintió, porque este hecho no tiene nada que ver con el terrorismo de Estado. El kirchnerismo jamás reconoció al gobierno peronista del 73 al 76. Entonces esto no tiene nada ideológico porque no abre una discusión sobre el problema de los 70. Estos soldados fueron denostados por el Concejo Deliberante y nosotros los reivindicamos como ciudadanos, no como genocidas. Esta amplitud de concejales votantes demuestra un nuevo encuentro de los argentinos", dijo Suriani.
Sin embargo, para Susana Aramayo "es un retroceso importante". La abogada, que actuó en juicios por delitos de lesa humanidad, dijo: "Los firmantes de la ordenanza no se dan cuenta de que los conscriptos salteños son también víctimas del terrorismo de Estado".

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Sección Editorial

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