Al postergar una semana el inicio de las clases, los perjudicados son los alumnos. La decisión anunciada por la ministra Cristina Fiore, a pedido de los gremios, cede a la práctica extorsiva de condicionar el comienzo de clases a los acuerdos salariales.
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Al postergar una semana el inicio de las clases, los perjudicados son los alumnos. La decisión anunciada por la ministra Cristina Fiore, a pedido de los gremios, cede a la práctica extorsiva de condicionar el comienzo de clases a los acuerdos salariales.
Las clases deben comenzar, cualquiera sea el acuerdo o desacuerdo de los sindicatos (oficiales o autoconvocados) y, en paralelo, continuar negociando por todas las demandas que les parezcan justas. Todos los salarios están arrasados, pero ese fenómeno afecta a todos, empezando por las familias. Al menos, debió quedar establecido que se corría una semana en fin de ciclo.
La retención de fondos impuesta por el gobierno nacional es una arbitrariedad. Son recursos de las provincias y, con esta medida, el presidente Javier Milei se los está apropiando para presentarlos como reducción de gastos del poder central.
No es justificativo, pero vale recordarlo, en agosto, octubre y noviembre, la mitad de los salteños lo eligieron, entre otras cosas por la destrucción del ingreso que se veía produciendo en los últimos años, a causa de la inflación y, entre otras razones, por la anarquía que genera el estado deliberativo permanente del fragmentado gremialismo docente.
El plan de ajuste de Milei adolece de un grave defecto: está planteado en términos de guerra. Por eso no analizó con los gobernadores y legisladores sobre los reaseguros que requiere un cambio de semejante envergadura. Es cierto que no se puede seguir emitiendo dinero o deuda para cubrir el déficit, porque eso es profundizar la crisis. Pero más cierto aún es que con la educación y los salarios docentes no se puede jugar. Y con las atribuciones de las provincias, tampoco.
Las torpezas del presidente y de su introvertido ministro Luis Caputo son evidentes. Nadie puede pretender mejorar un país que está en graves problemas, con una pobreza que tiende al 60% y una caída del salario y las jubilaciones de entre el 20 y el 35%, a los gritos, a fuerza de decretos y descalificando moralmente a quienes lo cuestionan. El ajuste por sí solo no va arreglar nada; el dinero que falta al Estado nacional no se lo llevan las provincias; se escapa por demasiados agujeros, entre otros, los intereses de deudas que, durante décadas, han sido el negocio de inversores y funcionarios. Un mundo que el actual gabinete conoce como la palma de su mano.
El mundo de la escuela es muy diferente: el 72,9% de los estudiantes argentinos no logra los conocimientos mínimos en Matemáticas. Y la mitad no alcanza los objetivos en Lectura y Ciencias.
En Salta, se profundizan las desigualdades. Cuatro de cada diez estudiantes están en el nivel básico, o por debajo en Lengua; en cambio, en Matemáticas son 8 de cada 10 los estudiantes en esa condición. La deserción de estudiantes secundarios merodea el 40%.
La inflación es un problema urgente, porque desestabiliza la economía familiar y deteriora el desarrollo. Pero la "tragedia educativa", descripta en un libro fundamental por Guillermo Jaim Etcheverry, hace 25 años es una verdadera catástrofe social. El país esta volviendo a los indicadores de pobreza que arrojó el primer censo nacional, en 1868. Hoy, muchísimos jóvenes viven en hogares con tres generaciones de desocupados. En aquel momento, el presidente Domingo Faustino Sarmiento puso en marcha un sistema de educación pública como política de Estado. Hoy, está destruido en su esencia: no hay una educación universal común para todos, pero hay que reconstruirla.
Con la gremialización de las aulas no se va a resolver. Maltratando con la motosierra a gobernadores, maestros y alumnos, por cierto, no va a quedar nada.