La jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, hizo lugar a una acción de amparo interpuesta por los padres de un menor de cinco años que padece retraso madurativo intrauterino y ordenó al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) darle el 100 % de cobertura al niño en la provisión de Somatotrofina (hormona de crecimiento) en la dosis y por el tiempo que el médico tratante recomiende, y el 100 % de cobertura en lo que respecta a los exámenes hormonales y demás estudios que el médico tratante disponga para el control de la evolución de la enfermedad del menor.
En su resolución, la jueza consideró que durante la audiencia quedó demostrado que los accionantes "no tienen otros procedimientos útiles para proteger el derecho constitucional de su hijo más que a través de la interposición de esta acción. El amparo cumple entonces su papel supletorio, subsidiario o residual: es la única ruta procesal idónea para atacar la lesión o amenaza".
Asimismo, la jueza entendió que el accionar del Instituto Provincial de Salud de Salta resultaba arbitrario en tanto "violentaba los derechos constitucionales no solo del menor en cuanto a su integridad física, salud y derechos del niño, sino también los derechos de sus padres a la incolumnidad de su patrimonio". Asimismo, la jueza entendió que el accionar del Instituto Provincial de Salud de Salta resultaba arbitrario en tanto "violentaba los derechos constitucionales no solo del menor en cuanto a su integridad física, salud y derechos del niño, sino también los derechos de sus padres a la incolumnidad de su patrimonio".
La magistrada remarcó que quedó acreditado, no solo por los dichos de los padres del menor, sino también en el propio legajo del IPS, "que los accionantes (los padres del niño) no se encuentran en condiciones económicas para afrontar el porcentaje de cobertura negado por el IPS, esto es el 5% del valor de la hormona recetada, por lo que la salud del menor no puede quedar en manos de la fortuna o a la espera de una mejora de la situación patrimonial de los padres del enfermo". En consecuencia, corresponde a la obra social "afrontar el 100 % del costo económico, no solo de la medicación prescripta por el endocrinólogo tratante, sino también de todos los estudios médicos afines a la enfermedad que el menor necesite realizarse para medir su evolución, entre ellos los exámenes hormonales periódicos".
Finalmente, la jueza consideró que el derecho constitucional a la salud aquí reconocido no puede tener un plazo de caducidad. "Entonces, la obligación del IPS de proveer lo ordenado deberá serlo por el tiempo que el médico tratante así lo recomiende, sean dos años o hasta la pubertad del menor", subrayó.

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clon clon
clon clon · Hace 11 meses

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