La jueza Mónica Faber, vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, ordenó al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPPS) brindar cobertura integral a una mujer que presentó un recurso de amparo para demandar un tratamiento de fertilización asistida.
La paciente, cuyas iniciales son M. del V.T., necesita una terapia médica de alta complejidad con donación de ovocitos y espermatozoides para quedar embarazada.
Si bien la ley nacional 26.862 estableció la obligación de cubrir los tratamientos de fertilización, hay reclamos de mujeres porque algunos procedimientos, sobre todo los más complicados, no se cubren en su totalidad.
La jueza Faber ordenó la realización de tres tratamientos de fertilización médicamente asistida de alta complejidad o los intentos necesarios hasta lograr el embarazo, si esto sucediera antes.
Entre sus consideraciones, la magistrada recordó que "a partir de la sanción de la ley nacional 26.862 y su decreto reglamentario la cuestión del acceso a las "técnicas de reproducción médicamente asistida'' ha quedado zanjada en gran medida".
La jueza resolvió también que la obra social deberá cubrir los estudios y gastos para la obtención de óvulos donados. Además, determinó que no corresponde "el pago de compensación económica para la donante".
La magistrada consideró que no cabe la compensación "al ser este un acto voluntario y gratuito, de conformidad a lo establecido por el artículo 8, penúltimo párrafo del decreto nacional 956/2013 reglamentario de la ley 26.862 y artículo 17 del Código Civil y Comercial".
De acuerdo con lo que se había planteado, se buscaba incluir una reparación económica por los padecimientos inherentes al acto de la donación y el lucro cesante para la mujer que no puede trabajar por el tratamiento de donación.
Por último, Mónica Faber prohibió "toda manipulación o práctica de embriones que exceda lo absolutamente indispensable para la realización del tratamiento de fertilización".

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