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Organismos nacionales repudiaron la actitud del Gobierno salteño por considerar que se "puso en riesgo" la vida de la niña wichi embarazada
Diversos organismos manifestaron hoy que el gobierno de Salta "puso en riesgo" la vida de la niña wichi de 12 años, quien cursaba un embarazo de seis meses producto de una violación y fue intervenida el viernes pasado en la ciudad de Salta para interrumpir la gestación debido a una malformación del bebé.
"A pesar de la denuncia de violación, el Estado no habilitó la posibilidad de practicarle un aborto no punible, contemplado en Código Penal para casos como éste", destacó la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), mientras que el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades repudió "el abandono que el Estado provincial hizo de esta niña".
Mónica Menini, de este Foro, quien se puso en contacto con la comunidad Lhaka Honha de Alto en la Sierra a la que pertenece la niña, precisó que el gobierno de Salta "dejó abandonada a la niña wichi al dejarla seis meses con un embarazo 'inviable', bajo un protocolo que desconoce la normativa vigente en el país".
"La niña wichi fue víctima de una violación de una banda de criollos ajenos a su comunidad; y de otra injusticia, la del Estado que en vez de protegerla a través del Ministerio Público de la Asesoría de Menores de Salta la volvió a ponerla en riesgo", sostuvo la letrada.
Hace una semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) habían expresado su "profunda preocupación por un gravísimo caso de violencia de género ocurrido en el territorio de las comunidades de Lhaka Honhat".
El comunicado describía que "la niña wichi de 12 años de edad con discapacidad estaba atravesando un embarazo de alto riesgo para su salud física y mental producto, según recientes trascendidos periodísticos, de una violación a manos de grupo de criollos".
Según el texto, "indicaría un serio desconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud, violencia de género, acceso al aborto y una total negación de justicia", al no aplicar "el Protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales".
Según señalaba el CELS y la Asociación Lhaka Honhat -dirigido al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al Ministerio de Asuntos Indí­genas y Desarrollo Comunitarios, y al Consejo Nacional de la Mujer- los hechos sucedieron "dentro del territorio ancestral de una comunidad indígena que hace varias décadas reclama el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras".
Tras este comunicado, el Consejo de la Mujer a cargo de Fabiana Túñez se puso de inmediato en contacto con las autoridades y desde el área de seguimiento de casos de la Línea 144 asesoran a la ONG que acompañaba a la familia de la nena.
"El repudio se basa en una serie de desmanejos que comenzaron cuando se conoció el caso a través de un diputado provincial y ningún funcionario evitó el daño a la nena de 12 años, sobre la que aún hoy el juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal, Astigueta sigue pidiendo más medidas de prueba al fiscal para certificar el delito de violación", dijo Menini.
El hecho ocurrió en el paraje Alto La Sierra, a 85 kilómetros del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, cerca de la triple frontera entre Salta, Bolivia y Paraguay.
El viernes pasado, quedó detenido uno de los cinco mayores involucrados, identificado como Jorge Gabriel Salas, por desobediencia judicial, debido a que no se presentó a comparecer.
El juez Astigueta ordenó la detención de uno de los cinco mayores involucrados en la violación, identificado como Jorge Gabriel Salas, por desobediencia judicial, debido a que no se presentó a comparecer ante la dependencia policial de Alto La Sierra, según lo estableció el magistrado hasta que finalice el proceso.
Los otros cuatro acusados están en libertad por decisión del juez, aún cuando el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó la detención, ya que el magistrado entendió que no existe riesgo de fuga ni pruebas que los incriminen.

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