Tiene 14 años, dos más que la niña abusada en Alto La Sierra. La mañana del 28 de noviembre de 2015 ella y otra nena de 12 acompañaban a su amiga a comprar pan. Cerca de la cancha de fútbol, varios jóvenes criollos empezaron a seguirlas. Las tres niñas wichi corrieron, pero una no logró escapar de los muchachos que la arrastraron hasta un monte vecino.
Ayer, en cámara Gesell, la mayor de las tres niñas revivió ante una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic) y una traductora de su lengua, Sandra Pisco, los hechos de aquella horrorosa mañana en la que no pudo evitar la vejación sufrida por una de sus amigas más chicas.
La otra nena que presenció el ataque no estuvo ayer en la ciudad judicial de Tartagal porque está exiliada en Formosa por amenazas que recibió su familia.
Durante la testimonial, que siguieron desde una dependencia contigua a la cámara Gesell varios defensores, el fiscal penal norteño, Armando Cazón, y otros funcionarios del Ministerio Público, la niña de 14 identificó a los ocho acusados, con sus nombres, como partícipes del ataque.
Tres de ellos tienen menos de 18, por lo que su situación es atendida por un juzgado de menores.
El caso de la niña wichi abusada en Alto La Sierra desnudó fallas sistémicas de abordaje e incumplimientos de deberes que atraviesan a distintos organismos y poderes del Estado, porque la nena sobrellevó un embarazo crítico sin mínimas asistencias durante más de seis meses. Así lo denunciaron el diputado Jesús Ramón Villa y el cacique wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez, en una nota que publicó El Tribuno el miércoles 25 de mayo.
Al día siguiente, médicos de la fundación del músico Jorge Rojas controlaron a la niña y pidieron su urgente derivación a Salta.
Ahora se aguardan los resultados del examen de ADN que confirmará si existe algún vínculo entre los imputados y la beba que murió el pasado jueves, tras la cirugía con la que se interrumpió el crítico embarazo en el Hospital Público Materno Infantil.
Si se atienden los tiempos de gestación que estimaron facultativos de la fundación Cultura Nativa el jueves 26 de mayo (31 semanas y días) y las autoridades del Materno el jueves 2 de junio (34 semanas), no sería de extrañar que el ADN descarte vínculos de paternidad en los ocho implicados.
Los tiempos de embarazo y un informe del forense Luis Flores conducen a un presunto abuso anterior que, sin exculpar a los acusados de la violación cometida el 28 de noviembre, debería ampliar la investigación penal con más imputaciones.
El viernes último, el juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, ordenó el apresamiento de uno de los acusados, Jorge Salas (22), por desobedecer la medida que lo obligaba a comparecer periódicamente en el destacamento policial de Alto La Sierra mientras dure el proceso.
El fiscal de la causa, Armando Cazón, había solicitado la detención de los cinco encausados mayores de edad, pero el juez resolvió mantener excarcelados a Omar Arias (19), Javier Mansilla (19, Sebastián Salvatierra (19) y Luis Lamas (22) porque cumplieron con la carga procesal impuesta el 4 de marzo, cuando todos recuperaron la libertad, tras permanecer detenidos durante tres meses.
Sus defensores habían reclamado las excarcelaciones luego de que se comprobara que el informe incriminatorio había sido firmado por el gerente del hospital de Alto La Sierra, que es un bioquímico, porque el médico contratado en ese nosocomio, oriundo de Bolivia, no tenía revalidado su título.
Por esa actuación, el bioquímico Ramón Bustamante y el médico Juan Carlos Limache Mamaní fueron imputados por falsedad ideológica. Ayer, convocados por la Justicia, centraron sus descargos en las urgencias que desató el abuso.

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Sección Editorial

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ALBERT LUIS
ALBERT LUIS · Hace 6 meses

a los DEFENSORES DE ESTOS VIOLADORES........tendrian que hacerle lo mismo a sus hijas ,señora o madre para que experimenten que SENSACION.....siente......o que le digan que No hay peligro de fuga de los mismo.......hace rato que todos los acusados tendrian que estar encerrados....


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