En la Argentina y en el ámbito de relaciones de trabajo, los cambios profundos, como el que acaba de comenzar, ponen de un lado a los que aspiran a retornar a un pasado idealizado, y de otro a los que proponen hacer tabla rasa con la historia.
Así sucedió en 1983 cuando el sindicalismo liderado por Saúl Ubaldini luchó por recrear las condiciones vigentes durante el "primer peronismo". También cuando Germán López -desde un ángulo opuesto imaginó posible desperonizar a los sindicatos e imponer la libertad, la democracia y el federalismo sindicales.
Bajo la convertibilidad, el "segundo peronismo" se vio obligado a arriar banderas e importar diseños para hacer frente al desempleo y, sobre todo, para acompañar la triple lógica de la convertibilidad, la apertura económica, y la quiebra del Estado empresario.
La consigna era rebajar el "costo laboral unitario" para defender el empleo y la competitividad, y a subsidiar a desocupados y despedidos de las empresas privatizadas.
Con estos objetivos, el Gobierno del presidente Carlos Menem segmentó el empleo (incorporando nuevas modalidades de contratación y facilitando las tercerizaciones), rebajó cargas sociales, e inauguró una etapa de precarios programas de empleo. Los sindicatos mayoritarios aceptaron las reformas a cambio de mantener su posición monopólica, la "personería gremial" y el control de las obras sociales.
Abrumado por el "efecto tequila" (1995), el Gobierno impulsó nuevas reformas que, de algún modo, suplieran los fracasos en materia de productividad. Se pensó, entonces, modificar la negociación colectiva, mejorar los programas de empleo, y rebajar el costo del despido instaurando una cuenta de capitalización integrada al seguro de desempleo.
Esta segunda serie de reformas, pactada también con la CGT oficialista, no llegó a concretarse y recibió el rechazo de la patronal que exigía despido libre, fin de la eficacia general de los convenios colectivos, primacía del derecho civil sobre el derecho del trabajo.
El presidente Fernando de la Rúa, comprometido con el mantenimiento de la convertibilidad, ensayó cambios en línea con los principios instaurados por el "segundo peronismo". Pero, por ese entonces, todo sonaba insuficiente. Hacia 2001, la patronal, el sindicalismo opositor y diversas fuerzas políticas, vieron en la renuncia forzada del Presidente, seguida de una mega-
devaluación, la solución a la recesión y otras debilidades de nuestra economía.
El "tercer peronismo" disfrutó de las ventajas que a las cuentas públicas otorgaron la mega-devaluación, la sustantiva mejora en los términos de intercambio internacional, la creciente inflación y su pacto con un sector sindical.
Los gobiernos Kirchner mantuvieron y ampliaron líneas de segmentación del empleo, fomentaron la negociación salarial (imponiendo techos implícitos y soslayando la negociación de otras condiciones de trabajo), ampliaron la asistencia económica a los desocupados,y mejoraron derechos individuales de los trabajadores registrados. La retórica en favor del derecho a la huelga y a la protesta, fue en varias ocasiones desmentida por normas y decisiones administrativas.
En el amplio terreno de los asuntos económicos y laborales, la agenda del presidente Mauricio Macri es ardua:
a) Eliminar las restricciones cambiarias que ahogan las relaciones de los argentinos con el mundo. Y hacerlo mientras detiene el proceso inflacionario;
b) Relanzar los motores productivos, retomando la senda de creación de empleo digno, genuino y productivo;
c) Sintonizar las leyes laborales con las exigencias del bloque constitucional federal y cosmopolita; y
d) Reconducir las prácticas de negociación y conflicto dentro de la nueva economía.
Pienso que ninguna buena solución se alcanzará apelando a los criterios de los años 80 ó 90. Hará falta, entre otras cosas, eliminar modalidades contractuales desnaturalizadas por los abusos; reconfigurar el principio protectorio; adecuar el número de feriados; remitir la regulación de la huelga a la doctrina de la OIT; fomentar la renovación integral de los CCT.
Pero seguramente el desafío más importante radica en la creación de un servicio que facilite la inserción laboral de las personas que tropiezan con severas dificultades para acceder a un trabajo remunerado y registrado.
Recordando los precedentes de 1954, 1974 y 1994, aunque sin ceñirse a ninguno de ellos, el flamante ministro Jorge Triaca debería, quizá, centrar sus esfuerzos en un pacto tripartito para la producción y la distribución de las rentas, que incluya al sector agropecuario y que apunte a reducir la inflación y el trabajo en negro, eliminar el impuesto al salario, incentivar la productividad, compensar a los trabajadores por eventuales desajustes en el empleo o en los salarios, y federalizar determinados aspectos de las relaciones laborales.
La atinada inclusión del ministro de Trabajo dentro del gabinete económico le permitirá desempeñar un papel protagónico en el desarrollo del Plan Belgrano La atinada inclusión del ministro de Trabajo dentro del gabinete económico le permitirá desempeñar un papel protagónico en el desarrollo del Plan Belgrano, de importancia vital para el empleo en el norte argentino.
Todas estas cuestiones requieren de respuestas responsables por parte de los trabajadores y de sus organizaciones representativas, tanto como de una efectiva disposición al diálogo y a la negociación por parte del Gobierno y de las patronales.

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Sección Editorial

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