El Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer, antes de ayer, un nuevo protocolo para la seguridad del presidente de la Nación y de otros altos funcionarios. En particular, se dispuso que los integrantes de las respectivas custodias deberán celebrar un compromiso de confidencialidad y secreto profesional. Según trascendió, el texto a suscribir establece la obligación de "no difundir, transmitir, revelar o hacer circular por cualquier medio, a terceras personas, toda información relacionada con el protegido, su familia, su entorno, y lo relacionado a los pormenores y situaciones que tengan relación o referencia a su función específica y la del equipo al que pertenece, y a toda la que tenga acceso, ni a utilizar tal información en interés propio o de terceros". Continúa, con el compromiso de "no publicar por ningún medio de difusión pública, fotografías, datos o información referida a mi labor profesional relacionada con la función de protección y custodia. Me comprometo bajo declaración jurada a preservar la confidencialidad y el secreto profesional y, a mantener estricta reserva de toda información que haga a la función pública, a la vida privada y a la intimidad de la persona custodiada y de toda persona que integre su círculo de confianza".
El texto que acabamos de transcribir es -prácticamente- la totalidad del documento que deberán suscribir los custodios, al que se agrega: "La vulneración de este compromiso, dará lugar a las actuaciones administrativas que correspondan, y de ser procedente, a las responsabilidades civiles y penales resultantes". Esto y nada es lo mismo. Esperemos que los custodios que garanticen la seguridad física del Presidente tengan más idoneidad que sus custodios legales: los asesores que redactaron este adefesio. Cuando dice "actuaciones... que correspondan" y "responsabilidades... resultantes", nos está reenviando a otra normativa, que hace innecesario este compromiso. ­Falta una sanción, una penalidad expresa para quien transgreda este deber de confidencialidad!
Pero ¿qué tiene que ver este tema con una página de "actualidad laboral"? Son normas referidas al derecho público; no al acontecer de las empresas. Ocurre que en el ámbito privado el tema de la confidencialidad toma cada vez mayor relevancia, y, precisamente nuestro país es uno de los más atrasados a la hora de redactar "protocolos de confidencialidad" (como la gente).
En la Argentina no existe un marco laboral específico, si bien la situación queda genéricamente comprendida dentro de los deberes de buena fe, colaboración y solidaridad que se deben recíprocamente las partes y particularmente dentro de la obligación de fidelidad del trabajador que le impone "guardar reserva o secreto de las informaciones que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte" (Art. 85 LCT).
Encontramos, también, que además de las prescripciones de la LCT, la 24766, (de 1996), ha establecido que "Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto... o relación de negocios, tenga acceso a una información... sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento". La inobservancia del deber de fidelidad tiene consecuencias de carácter laboral, civil y penal. En el ámbito laboral la conducta del trabajador puede acarrear su despido con justa causa, pero también podría verse obligado a resarcir civilmente los daños ocasionados. Penalmente, el Código Penal reprime con penas de seis meses a tres años de prisión al que "teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo o profesión de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa".

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