En la sesión del martes, al autorizarse la toma de dos líneas de créditos, el Gobierno provincial ya se cubrió de la caída de los ingresos, estimada en 1.500 millones de pesos, debida a la menor recaudación por impuesto a las ganancias (se elevó el piso) y de retenciones a las exportaciones (bajó el porcentaje y se derrumbaron los precios internacionales).
El martes, Diputados aprobó el acuerdo celebrado en Córdoba por los gobernadores con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y, de ese modo, abrió las puertas para que la Provincia reciba unos 500 millones por devolución parcial de la coparticipación de Ganancias -retenida indebidamente desde 2008- y que tome un crédito por otros mil millones, a devolver en 2020, que librará el Fondo de Sustentabilidad de la Anses y contemplado en el mismo acuerdo. Allí, el presupuesto queda empatado.
También se aprobó un endeudamiento por 350 millones de dólares -unos 5.000 millones de pesos-, destinados a obras de infraestructura y equipamiento, pero que al no estar definidas ni licitadas esas obras, pasarán a engrosar el presupuesto. A esto se suman los 800 millones que prestará el Fondo Fiduciario Federal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Godoy, no dio muchas vueltas y explicó: "Este es un plan B. El gobierno nacional lleva al endeudamiento a las provincias, porque redujo los montos de la coparticipación".
Queda claro, entonces, que no hay un proyecto preciso de generación de infraestructura como el que había descripto minutos antes su compañero de bancada Mariano San Millán. El oficialismo está construyendo un paraguas financiero porque teme que, por la recesión, falte plata. No es que Macri obliga a endeudarse, sino que ofrece la posibilidad de una deuda externa o interna para evitar un "ajuste".
El endeudamiento siempre debe ser sancionado con precisiones sobre plazos, intereses y destinos. En este caso, ese detalle se pasa por alto.
En nombre de Salta Nos Une, Guillermo Martinelli propuso, en un dictamen en minoría, para asegurar el control de la ejecución, que el listado de obras estuviera definido al momento de completar la documentación y se estableciera un sistema de comunicación precisa de parte del Ejecutivo.
Para el oficialismo todo está explicado en el Plan del Bicentenario, cuyas obras tampoco están definidas.

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