Los gobernadores de provincias y los dirigentes de los gremios saben que se viven momentos difíciles, en los que ser oficialista u opositor requiere idéntica prudencia. Más allá de cualquier diferencia política, la cosa no da como para tirar manteca al techo: los gremios deben regular los reclamos y las provincias, ajustarse el cinturón.
La situación económica del país es frágil y la social, muy volátil. La crisis provocada por la inflación, el déficit y la recesión, acumulados desde hace cinco años, es manejable, pero la solución depende de una inversión sostenida.
Salvo pequeños grupos apegados a la retórica populista, la mayoría de los sectores políticos con experiencia de gobierno miran la realidad y llegan a la conclusión de que no conviene agitar las aguas.
El Gobierno nacional les advierte a gremialistas y gobernadores que ya no existe la posibilidad de gastar más de lo que se tiene. Unos y otros parecen entenderlo.

Los gremios

Las centrales de gremios estatales intentaron un paro general que fracasó y, encima, las mostró divorciadas de la realidad social. Los gremios tradicionales, más fogueados y mejores tiempistas, perciben que la gente no simpatiza con las medidas compulsivas, que el actual gobierno goza de crédito y que sus representados no están, todavía, desesperados. Por eso sienten que el chip sindical de los años 40 ya no tiene vigencia.
Un paro general, como el que insinúan, sería una medida política, contra un gobierno que aún no cumplió un año y que no cometió los desaguisados que prometían Cristina Fernández y Daniel Scioli; además, la medida carecería de un beneficiario que le diera sentido, porque el PJ no tiene líder ni inició aún su renovación. Ninguno olvida que el primer paro de Saúl Ubaldini contra Alfonsín se produjo recién en 1986, meses después de las primeras elecciones legislativas.
El sinceramiento del Indec confirmó que el 32% las personas son pobres, pero que la pobreza está fuertemente asociada al trabajo informal, a la falta de trabajo manifestada en desempleo abierto u oculto.
Según la consultora Idesa, los empleados en empresas privadas y o en el Estado constituyen el 50% del total de ocupados. Perciben un salario promedio de $20.000. El 26% son empleados informales, con un salario de $7.000. El restante 24% son cuantapropistas con un ingreso de $11.000. Ninguno tira la casa por la ventana, pero el cuadro no favorece al paro general.

La ruta de salida

El único camino posible para regularizar a ese 50% de trabajadores excluidos, luego de 26 años de hegemonía del PJ, consiste en estimular al sector privado para que invierta. Y está claro que el sector privado invertirá, ganará productividad, generará empleo y exportará más si tiene chances de ganar dinero. El gasto público, la presión tributaria, el costo de capital y relación costo salarial / productividad son los peores de la región. Según la consultora E&R "bajar el gasto público, la presión tributaria y el déficit fiscal es clave para salir de la estanflación, que es de origen estrictamente fiscal...".

Las provincias en capilla

De los aproximadamente 3.800.000 empleados públicos en el país, 2.300.000 son de las provincias y unos 500 mil de los municipios.
El gobierno de Macri ya les pide a los gobernadores una contribución para disminuir el déficit. "La austeridad es tarea de todos", parece decir.
El presupuesto nacional debe ser sancionado en noviembre. Antes deben llegar a un acuerdo el Gobierno nacional, la oposición y los gobernadores.
A todos les preocupa la gobernabilidad. A pesar de que el gremialismo y el kirchnerismo residual hacen más ruido, los reclamos más duros que recibe el gobierno de Macri vienen del repertorio de economistas ortodoxos, para quienes "nada ha cambiado". Los supuestos aliados piden mano dura. Los opositores, en cambio, dialogan. Los gobernadores piden coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la totalidad del impuesto al cheque, refinanciar las deudas provinciales, financiar las cajas previsionales y crear un fondo de convergencia, con el 3% de la toma de deuda que haga Nación.

Ajustar el cinto

Hasta ahora las negociaciones del macrismo con gobernadores y legisladores peronistas arrojaron buenos resultados. Es probable que el presupuesto pase el examen en las condiciones propias de la negociación democrática.
Para el mediano plazo habrá acuerdos que deberán sostener con firmeza. Más allá de la pirotecnia verbal, las grandes corrientes políticas coinciden en el rumbo de la economía. Salvo los partidos antisistema y las voces de ultratumba del kirchnerismo, los peronistas, massistas y otras expresiones aceptan que es imprescindible desarrollar una economía genuina que se traduzca en empleo y calidad de vida.
El ministro Alfonso Prat Gay ya pidió hace unos días "que cada provincia haga un esfuerzo proporcional al que hacemos nosotros".
El ajuste exigiría una reducción del gasto suficiente como para bajar el déficit nacional desde el 4,8% al 4,2% del producto bruto.
La contrapartida sería la autorización nacional para salir a buscar financiamiento en los mercados internacionales.
Para Salta, esa ha sido la alternativa: el endeudamiento externo aplicado a los gastos corrientes es una vieja fórmula, pero no es la que intenta llevar adelante el equipo económico.
El Fondo de Reparación Histórica y el Plan Bicentenario -pero sin ahorro alguno- pertenecen al tipo de recetas que no imagina Prat Gay.

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