La puesta en marcha, en forma gradual, del cambio del "sistema inquisitorio", en el que los jueces tienen a su cargo la instrucción, al "acusatorio", con fiscales instructores y un juez de garantías que investiga, es una decisión política que puede dar buenos resultados, o no. En la provincia de Buenos Aires viene aplicándose desde hace dos décadas y aún está pendiente una evaluación. Desde ya que la Justicia no es una panacea, ni allá ni en Salta.
Los crímenes impunes, los escándalos por corrupción, la morosidad de los tribunales y las dificultades de los sectores de menores ingresos para acceder al ejercicio de sus derechos generan una fuerte sensación de desconfianza.

La fe populista

Para la concepción populista de la política, que considera que los jueces "del sistema" deben ser confrontados con la "justicia legítima" -supuestamente, los jueces del pueblo-, la posibilidad de limitar el poder del magistrado en la investigación es tentadora.
El "relato" la presenta en términos fascinantes. Así se explica el apuro de la expresidenta por sancionar esta reforma e intentar obligar al nuevo gobierno a aplicarla desde marzo pasado. Una de las primeras decisiones del presidente Mauricio Macri fue ponerle freno a semejante impulso y aplicar la ley en forma gradual, en todo el país, a lo largo de siete años.
Aquel apuro, al mismo tiempo, obedeció a que el kirchnerismo construyó un núcleo de funcionarios judiciales plenamente encolumnados de los que la procuradora Alejandra Gils Carbó es la cara más visible. Era lógico, entonces, que intentara ampliar el poder de los fiscales justamente en una etapa en la cual iban a comenzar a ser investigados ilícitos ya denunciados durante su gestión. Esa fractura ideológica en el seno de la Justicia es probablemente uno de los peores obstáculos institucionales que afronta el país.

Triquiñuelas con ideología

En el fondo del escenario aparecen dos hechos particularmente nocivos: la suspensión arbitraria del fiscal José María Campagnoli por investigar los negocios de Lázaro Báez, y la denuncia y posterior muerte del fiscal Alberto Nisman. Aunque nos asombre, todos esos casos están sometidos a las triquiñuelas procesales que hacen lugar al compromiso ideológico de muchos magistrados. Si los fiscales son empoderados para que se conviertan en gestores de otro poder, o de un líder, dentro de un esquema muy bien definido por la filosofía populista, entonces no hay Justicia.
La Justicia argentina en todos sus estamentos necesita una reforma. El apuro de Cristina Fernández de Kirchner por instrumentar el cambio de Código Procesal Penal no tuvo correlato en la designación de jueces. El 26% de los juzgados federales están vacantes, por morosidad en las designaciones.

Salta, con atrasos

El lunes, al anunciarse un curso de capacitación en la aplicación del sistema acusatorio a desarrollarse en Salta, algunos comentarios intentaron ubicar a la experiencia que en la materia tiene nuestra Justicia provincial como un punto de referencia o una avanzada, aunque aún no existe un balance institucional y objetivo sobre los resultados de nuestro sistema acusatorio. Y la percepción externa no da para el entusiasmo.
Por lo pronto, la Justicia Federal de Salta y Jujuy tiene otras urgencias: hay cinco juzgados, sobre siete, que están sin jueces. El de Tartagal fue creado hace casi cinco años, ya están presentadas las ternas, pero no funciona. Es decir, si el sistema comienza a aplicarse en Salta, antes que nada habrá que nombrar cinco jueces.
Por otra parte, están lejos de resolverse aspectos cruciales, como son las garantías de los derechos de los detenidos y la eficacia judicial -y también de las fuerzas de seguridad- en la lucha contra el narcotráfico.
El presupuesto para los juzgados federales es otra cuestión grave. El Consejo de la Magistratura solicitó 27 mil millones de pesos; le dieron 20 mil millones. Un agujero del 30 %.
La división de poderes, la independencia de los jueces, la selección de los magistrados con criterio ético y profesional, la agilización de los trámites y la creación de un sistema permanente de evaluación de calidad son necesidades más que perentorias.
Pero para transmitir plena confianza, es imprescindible el pudor de los magistrados: es imposible imaginar una justicia justa con los actuales niveles de politización; a ese escándalo se suman los movimientos de fortunas no investigadas y el nivel de vida de muchos magistrados, que excede largamente el nivel de sus ingresos oficiales.
.
.

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia


Ruben Barraza
Ruben Barraza · Hace 17 días

¿ y este boludo , quien es ? haaaaa , sotelo . ¡¡ cuando no, el arrastrado de sotelo arrastrándose como una víbora!!!

Se está leyendo ahora