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Para tomar créditos millonarios es necesaria la confianza de los prestamistas pero también de la gente



La posibilidad concreta de conseguir dinero fresco, en el corto y mediano plazo, ha agilizado el cuerpo y la mente de funcionarios y legisladores en toda la provincia.
Los endeudamientos aprobados por la Legislatura a través de la emisión de bonos con el respaldo de la coparticipación, regalías y deudas previsionales que mantiene la Nación con Salta, plantean un panorama de expectativas para la economía provincial y sobre todo para los municipios que esperan por minutos una inyección de dinero en sus escuálidas arcas.
La moda de tomar créditos por parte del Ejecutivo provincial está justificada en la necesidad de motorizar la economía a través de la obra pública desde un modelo político totalmente opuesto al anterior: alejado del adoctrinamiento y la billetera y más cercano a una gestión federal y de rendimiento medible.
Pero el fin no siempre debe justificar los medios. La toma de créditos por parte de la Provincia debe sostener objetivos de inversión real pensando en el desarrollo sustentable de la producción y la infraestructura para los próximo años y no como una salida a la crisis económica y coyuntural que se vive en el país. No hace falta recordar que la deuda que hoy se adquiere deberá ser cancelada por los salteños durante varios años y es necesario que la amortización vaya en consonancia con las reales necesidades de la población.
El gobierno de Juan Manuel Urtubey avanzó en lo que va del año con la quinta operación por la toma de créditos a través de títulos en el exterior, aunque el ministerio de Finanzas motorizó otro préstamo en el mercado financiero local a través de resoluciones que admiten un endeudamiento extra por otros 200 millones de pesos, con operatorias en bancos locales y con una tasa de interés superior al 30%.
La Provincia no considera que este sea un nuevo préstamo, ya que se gestiona en el mercado electrónico nacional, con un mecanismo de crédito rápido y con devolución en el mismo ejercicio fiscal, pero en el fondo significa de igual manera un dinero que habrá que devolver a la banca nacional y con una alta tasa de interés, muy por arriba de los otros préstamos que se adquirieron.
Siendo esta la sexta operatoria en lo que va del año para conseguir dinero, es necesario plantear seriamente las garantías sobre el destino de los fondos y su uso efectivo.
Con este objetivo, los intendentes de la provincia se reunirán el jueves de la semana que viene con los senadores para definir el trabajo de los comités departamentales que deberán gestionar y darle trazabilidad al dinero que ingrese a la provincia. Antes lo hicieron con los diputados y también con el jefe de ministros Carlos Parodi. Todo hace preveer que habrá más control y que no se repetirán los errores que se cometieron con el manejo del Fondo de Reparación Histórica.
Pero ¿cual será el criterio para definir las obras entre Provincia y municipios? ¿No habrá una duplicación de contratos y obras que supuestamente ya deberían haber concluido? ¿Serán obras que correspondan a los nuevos créditos? ¿O serán obras que ya figuran como aprobadas dentro del actual ejercicio?
Demasiados interrogantes para el manejo de cifras multimillonarias.
Desde el Gobierno admitieron que parte de los 350 millones de dólares se destinarán a completar las obras que quedaron sin realizar del FRH. Además destinarán otros 80 millones a un "colchón" de reservas para estar preparados ante cualquier "sobresalto" de la economía.
La Provincia ha visto la oportunidad de la toma de créditos a partir de un nuevo escenario en el país que potencia la confianza de los prestamistas, pero es necesario que esa confianza también se traslade a la gente que es, en definitiva, quien deberá pagar la deuda durante años, mucho más allá de este gobierno.
A esa hora el control de la ciudadanía a través de los mecanismos republicanos, el acceso a la información pública y las responsabilidades legislativas que le caben ineludiblemente a los representantes del pueblo serán las únicas herramientas para transparentar el manejo de un dinero que pertenece a la población y que interesa todos por igual.

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