Pasaron casi ocho meses de la polémica entrega de los lotes en la urbanización Parque La Vega y el juez de Garantías 5, Héctor Martínez, elevó a juicio la causa que se sigue contra el extitular de Tierra y Hábitat, Diego Nicolás Barreto, por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas y exacciones ilegales simples en concurso real, en carácter de jefe organizador de la asociación y autor de las exacciones ilegales simples y agravadas.
Barreto, quien supo manejar el organismo provincial encargado de entregar lotes a los más necesitados, fue acusado en su momento por la fiscal Mónica Poma de "usar a intermediarios para lucrar y al mismo tiempo se aprovechó del cargo para hacer política con la entrega de terrenos".
"Básicamente, la fiscalía considera preliminarmente que a la gente con necesidades habitacionales se les prometía el terreno a cambio de apoyo político o bien se les exigía el pago de sumas de dinero, en algunos casos importantes", expresó la fiscal Poma tras tomar declaración a decenas de damnificados.
Por los bochornosos manejos con la entrega de terrenos también se encuentran acusados Víctor Rodrigo Diez Tizón (ex titular de Tierra y Hábitat), por el delito de asociación ilícita; Esteban del Corazón de Jesús Clemente (puntero político), por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas y exacciones ilegales simples, como integrante de la asociación y partícipe necesario; Marcela Cinthia Martínez (esposa de Clemente), por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas y exacciones ilegales simples, como integrante de la misma y partícipe necesaria de las exacciones ilegales simples y agravadas; Nelson Horacio Salazar, (puntero político) por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas y exacciones ilegales simples como integrante de la asociación y partícipe necesario de las exacciones simples y agravadas en concurso real, y Roberto Martín Nellessen (exempleado de Tierra y Hábitat), por los delitos de asociación ilícita como integrante de la misma y exacción ilegal agravada como partícipe necesario en concurso real.
Ahora la causa fue remitida a la Mesa Distribuidora de Expedientes Penales para que se asigne el Tribunal de Juicio que intervendrá en la siguiente etapa procesal.
Las actuaciones se iniciaron tras la presentación de más de 200 denuncias de salteños damnificados en las operatorias que realizaban estas personas. Cuando salieron a la luz los desmanejos que había con la entrega de terrenos, el Gobierno de la Provincia tuvo que intervenir Tierra y Hábitat para judicializar el tema.

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