Familiares de cuatro jóvenes que el 10 de junio fueron nuevamente detenidos, acusados de haber participado de la violación de una niña wichi de Alto La Sierra, denunciaron formalmente ante la Justicia que fueron sometidos a torturas en la Alcaidía de Tartagal. Las madres de Matías Salvatierra (19), Omar Arias (19), Javier Pantaleón (20) y Luis Fernando Lamas (20) aseguraron que "son inocentes", e insistieron en que habían sido liberados en marzo último "por falta de pruebas y de evidencias que los sitúen en el lugar de los hechos".
La víctima, de 12 años, quedó embarazada y el bebé falleció a los seis meses de gestación.
"Dejaremos nuestra vida para demostrar que nuestros hijos son inocentes. En realidad, son víctimas del poder político que quiere aparecer en los medios haciendo creer que en Salta no hay impunidad y que se preocupa por los aborígenes. Es todo una mentira, una falsedad absoluta que lamentablemente tiene a nuestros hijos como chivos expiatorios", sostuvieron Tomasa Quiroga, Eugenia Salvatierra, Nora Salvatierra y Liberata Salas.

"En peores condiciones"

Las madres de los cuatro detenidos se presentaron en la Agencia Tartagal de El Tribuno, donde refirieron: "Después de varios meses, y seguramente por la presión de los medios y de los políticos, nuestros hijos, que en marzo fueron liberados porque el certificado del médico legal decía que esa chica no había sido violada, volvieron a ser detenidos. Hicieron un circo tan grande que a la chica, que para la fecha de la supuesta violación estaba embarazada de dos meses, la trajeron de regreso en avión a Alto La Sierra. Le pedimos a los medios de comunicación y a esos mismos políticos y jueces, que se llenan la boca hablando de este caso, que se tomen el trabajo y vayan a ver cómo está hoy esa chica. Es una pena verla tirada en la calle, alcoholizada y consumiendo drogas. Es una chica enferma a la que, después que nació su bebé en el hospital Materno Infantil, la trajeron de vuelta sin siquiera hacerle un tratamiento. Esa chica está en peores condiciones que cuando se denunció esta mentira", manifestaron las madres de los cuatro jóvenes criollos imputados.
Tomasa Salvatierra manifestó que "en diciembre pasado el padre de la chica, el cacique de la comunidad wichi de Misión La Paz... fue el que denunció que los criollos habían violado a su hija". Agregó que "la chica fue revisada en el hospital de Santa Victoria y al certificado de la supuesta violación lo extendió un hombre de nacionalidad boliviana de apellido Mamaní, que dice ser médico, y lo firmó el director del hospital, que es bioquímico; él mismo reconoció en el juzgado que le prestó la firma y el sello porque los aborígenes amenazaban con quemar el hospital y no porque se haya comprobado que la chica fue violada".
Por su parte, Eugenia Salvatierra señaló: "Desde diciembre los chicos estuvieron tres meses detenidos, acusados de la violación". Remarcó que "la doctora Sara Esper, casi por casualidad, encontró el certificado del médico legal de Tartagal que decía que no había signos de violación y menos que los causantes hayan sido un montón de hombres".
A su vez, Nora Salvatierra precisó que "el 4 de marzo los chicos recuperaron al libertad, pero el juez ordenó que todas las semanas fueran a firmar a la comisaría... Como el tema volvió a salir a la luz, lo trataron los diputados y la chica fue llevada a Salta para que tenga a su bebé. Por presión de los políticos, el fiscal Cazón y Mariscal volvieron a ordenar la detención de los chicos".

Apremios ilegales

Según denunciaron las madres, cuando los detenidos fueron trasladados desde el Chaco salteño "primero los alojaron en la comisaría de Ballivián y en Villa Güemes en Tartagal. No sabemos por qué el sábado pasado los llevaron a la Alcaidía que depende del Servicio Penitenciario y que está al frente de la cárcel".
"Los golpearon de manera salvaje, les echaron agua helada y a mi hijo lo amenazaron con introducirle un palo en el ano si no se declaraban culpables. Uno de los guardiacárceles se bajó el pantalón y, mostrándoles su miembro, les dijo que los iba a violar a todos. "Ustedes son nuestras mujeres pendejos, olvídense'', recordó mi hijo que les decían los guardiacárceles. Él está aterrado y sin poder enderezarse de la paliza que le dieron", afirmó Tomasa Quiroga.
Las madres remarcaron: "Ellos debían ser revisados por un médico del Servicio Penitenciario, pero como nunca llegó, le dijimos al juez Mariscal lo que les habían hecho. Él fue a verlos a los chicos y exigió que un médico los revise y que los lleven de nuevo a Ballivián y a Villa Güemes. Los carceleros querían hacerles firmar papeles en blanco, creemos que certificados médicos de que estaban bien, pero los chicos se negaron".
Nora Salvatierra dijo: "Estamos agradecidas con los policías de Ballivián y de Villa Güemes, porque ellos no los maltratan... Uno de los chicos quedó con problemas de oído. Los salvajes fueron los de la Alcaidía, que los golpearon para que digan que eran los autores de la violación. Los chicos dijeron que, ni así los violasen o los matasen, se iban a inculpar de algo que no hicieron".

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juan carlos lopez
juan carlos lopez · Hace 5 meses

Toda esta confucion y cruzas de denuncias y aprietes es por la ineficacia y el desinteres de quienes manejan la " justicia salteña " , que por tratarce de una nena de la etnia Wichi y con capacidades diferentes no tienen la atencion merecida, digna, que minimamente mereceria, Este es un caso de abuso despues del abuso que sufrio, pero mas grave porque se supone que tendrian que haberla protegida, de tener el derecho de pedir o informarles a la familia de la medidas a tomar en el caso de embarazo por violacion , no concentido, pero la realidad demuestra lo contrario, al parecer no le importo a nadie y que se joda, los de las madres es entendible , buscan de cualquier forma sacar en libertad a sus hijos, y quizas lo logren por los inutiles que manejan el poder judicial


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