La Cámara de Comercio e Industria de Salta espera poder reunirse cuanto antes -probablemente lo hagan hoy- con los diputados nacionales salteños para intentar que se introduzcan modificaciones en el proyecto de ley que pone límite a los intereses que cobran las tarjetas de crédito.
El Consejo Directivo adhiere al planteo de la Cámara de Comercio acerca de aquel texto -al que apoya aunque pide mejoras-, que tiene media sanción del Senado y que fue propuesto por Osvaldo Cornide y la CAME. Tratarán de exponer a los legisladores que el límite a los intereses no resuelve los excesos que produce la "posición dominante" de las emisoras de tarjetas, que hoy están en condiciones de imponer los plazos de acreditación que les convengan y cobrar tasas de financiamiento en cuotas muy por encima de los intereses bancarios.
El proyecto modifica el artículo 15 de la ley N§ 25065 para establecer que "el emisor de tarjetas de compra y crédito, en ningún caso, efectuará descuentos ni aplicará cargos, ni comisiones, por todo concepto, superiores a un uno coma tres por ciento (1,3%)". En las zonas de frontera y en el norte grande ese índice baja al 1 (uno) por ciento.
Cuando las emisoras de tarjetas de crédito sean personas jurídicas no vinculadas a entidades financieras, los cargos no podrán ser superiores al tres por ciento (3%) sobre las ventas presentadas por el proveedor.
Los comerciantes consideran que los costos de las tarjetas son absorbidos tanto por consumidores como por comercios y que la distorsión de precios, incluidos los altos costos financieros, terminan generando precios más altos y menor cantidad intercambiada en el mercado.
Advierten que los altos costos de las tarjetas de crédito afectan fuertemente a los sectores de la población de menores ingresos que son "los que consumen en mayor proporción este tipo de bienes y los que más utilizan el financiamiento para hacer sus compras en cuotas".
El nivel de concentración que exhiben las emisoras de tarjetas, dice el comercio, se manifiesta en "la imposición de condiciones para el financiamiento del consumo en cuotas (las tasas se fijan de manera unilateral y no por interacción de la oferta y demanda)". También en "la falta de transparencia de este financiamiento (los consumidores no conocen cuáles son los costos de financiamiento de sus compras) y las altas comisiones cobradas a los proveedores de bienes y servicios (siempre se mantuvieron en el tope fijado por la ley). Otro factor son "los excesivos plazos de acreditación (sin justificación técnica, sino que es impuesto por la condición concentrada del mercado de tarjetas, lo que genera costos financieros importantes) y el retraso tecnológico (la falta de competencia desincentiva la innovación tecnológica)".
Las distorsiones que provocan esa concentración son las altas comisiones por transacción, que, además de fijarse en el tope máximo que marca la ley, se calcula sobre el monto final de la venta. Es decir, no solo se calcula sobre el precio del bien o servicio en sí, sino que también se cobra sobre los impuestos (el caso más evidente es el IVA) y sobre el costo financiero en el caso de venta en cuotas (es decir que las operadoras de tarjetas de crédito facturan comisiones sobre los intereses e IVA sobre intereses que ellos mismos cobran). También ocurre con los excesivos e injustificados plazos de acreditación, determinados unilateralmente por las emisoras y los altos costos de financiamiento para el caso de venta en cuotas, por lo que el precio final para cualquier caso incluye el costo financiero, independientemente del plazo de financiación o de si se realiza en efectivo. Los comerciantes pedirán a los diputados salteños que introduzcan cláusulas para la apertura del mercado de adquirencia y procesamiento de pagos de compras con tarjetas, de manera que puedan ingresar nuevas empresas al mercado; que los bancos compitan entre sí como en el resto del mercado financiero y que el consumidor sepa cuánto le va a costar su compra financiada.

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