Desde que se reformó el marco jurídico contravencional, la Policía mantiene la misma forma de actuar al respecto de la oferta y la demanda de sexo en la vía pública. El mayor agravante es que en cuatro meses no se dispuso ni una sola sanción a los que pagan por sexo, solo se sostiene la persecución sobre las personas que ofrecen sexo en la calle.
Según confirman desde la fuerza policial, durante los fines de semana se demoran a cuatro o cinco personas. Aclaran que esos índices se registran cuando se montan operativos especiales a causa del mayor movimiento nocturno. No obstante, ninguna de las situaciones en las que intervino la Policía se corresponden con consumidores de sexo.
El comisario general Bautista Díaz reconoció que "nosotros siempre trabajamos de la misma manera, aunque es cierto que ahora tomó cierta notoriedad el tema porque colocamos mayores recursos". Es decir, si bien se han montado operativos más voluminosos, se continúa con las mismas perspectivas con las que se trabajaba antes de las reformas al Código de Contravenciones.
En enero de este año se pusieron en marcha las modificaciones al Código Contravencional de la Provincia, las cuales habían sido sancionadas a principios de diciembre y promulgadas poco antes de las fiestas de fin de año. Una de las novedades que consignó fue el cambio del artículo 114 y la derogación del 115. En resumidas cuentas, se pasó de considerar un delito solo a la oferta de sexo en los espacios públicos a concebir que tanto el ofrecimiento como la demanda eran actos de contravención.
"En total, desde que se puso en marcha el nuevo Código de Contravenciones, hemos demorado aproximadamente 30 personas", subrayó el comisario general, que luego admitió que ninguno de los procesos punitivos se cursó contra demandantes. Justificó ese accionar remarcando que la demanda "es un poco más vidriosa". Puntualizó que "cuando va la Policía los consumidores desisten o se dan a la fuga", ya que normalmente no se bajan de sus vehículos.

Ratificación policial

A pesar que el artículo 114 del Código, modificado mediante la ley 7914/15, dice explícitamente que "serán sancionados con arresto de hasta veinte días o multa equivalente las personas que demandaren u ofrecieren servicios de carácter sexual por dinero u otra retribución en la vía pública o espacio público", la Policía aún no encontró la forma de lograr atrapar y penar a los consumidores.
"Hemos decidido resguardar las zonas donde se ejerce la prostitución ante las denuncias y quejas de los vecinos, pero no varió el procedimiento, siempre lo hemos hecho de la misma forma", aseguró Díaz aunque luego agregó que "se incrementaron notoriamente los operativos, sobre todo en las madrugadas y los fines de semana".
Antes de los cambios sancionados a fines del año pasado, el marco regulatorio del ámbito contravencional estipulaba lo siguiente en lo que a oferta y demanda de sexo en el espacio público respecta: "Serán sancionados con arresto de hasta quince días, conmutables con multa equivalente, las personas que ofrecieren o incitaren en la vía pública a practicar actos sexuales, por dinero o cualquier otra retribución que ofreciere". Es decir, ser consumidor no estaba considerado una contravención.
El comisario, un poco contrariado, afirmó: "El proceder fue siempre el mismo, nosotros sabemos que la prostitución no está legalizada y ahora se está trabajando contravencionalmente con el artículo 114 que pena la oferta y la demanda de sexo en la vía pública". Prosiguió que "no hubo ninguna modificación en los operativos, si bien es cierto que los horarios pueden haber cambiado, los procedimientos siguen iguales".

Inconvenientes

El primer fin de semana de abril redundó en hechos de violencia en perjuicio de las mujeres trans que ejercen la prostitución. El operativo estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (Gopar). La acción de los efectivos causó repudios de varios sectores, lo cual llevó al propio jefe de Policía, Marcelo Lami, a declarar que cambiarían la forma de actuar con las personas que se prostituyen en la calle.
Consultado por estas cuestiones, el comisario Díaz fundamentó que "lo que nosotros hacemos no es represión, hacemos prevención. Si amerita alguna detención, se la realiza", y acotó: "La represión puede que se haya dado en algunas circunstancias en las que se debió recurrir al uso de la fuerza pública, en la que intervinieron masculinos, que es el reclamo que sostuvieron ellos. Eso sí se cambió".
El referente indicó que "la fuerza tiene la facultad de proceder en los actos de infragancia y hacer cesar el delito o el desorden público". Por último, remató: "La policía está haciendo respetar esa contravención, sea el varón, la mujer o la mujer trans, la fuerza puede proceder primero para prevenir y, dado el caso, para realizar detenciones".

Zona de convivencia

La oferta y demanda de sexo en la vía pública dejan de ser contravenciones cuando se destina un espacio para que funcione como "zona roja". Mediante una ley provincial se dejó sentado que son los municipios los que deben decidir tal cuestión. En la ciudad capitalina, el Concejo Deliberante rechazó la posibilidad de que haya una zona de convivencia, el tema es que, pese a los reclamos, todo quedó archivado.

En Jujuy no hay discusiones en torno de una zona roja

El Código Contravencional jujeño no pena la prostitución. En Jujuy, la prostitución no está expresamente considerada una contravención y, por ende, tampoco la demanda de sexo en la vía pública es una infracción. Por ello, no se han suscitado discusiones en torno de zonas de convivencia.
En simultáneo con la implementación de un nuevo código de contravenciones en Salta, en enero se puso en marcha su homólogo jujeño. Ambas provincias cuentan con un nuevo marco contravencional que regula los comportamientos sociales en el espacio público.
A diferencia del Código Contravencional salteño, el de Jujuy no menciona explícitamente la prostitución en ningún momento, y solo se ocupa de regular determinados espacios vinculados con la oferta y demanda de sexo. Deja entreabierta la posibilidad a que la Policía opere de oficio en lo que a prostitución respecta.
El artículo 52 de la norma jujeña se titula "Prohibición de instalación de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos de alterne". El apartado indica que "quienes violen la presente prohibición dispuesta en todo el territorio de la provincia, referente a instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, serán sancionados con arresto de hasta 60 días".
Si bien ese tipo de sanciones es de las más rigurosas, lo cierto es que se evita deliberadamente mencionar la prostitución como hecho social. De igual modo, en este artículo se observa una intención a sancionar a aquellos que propicien el funcionamiento prostibulario de espacios de esparcimiento.
Para hallar en el texto del Código jujeño una parte que aluda a la punición de la prostitución se debe leer el artículo 60, que se titula "Usar indebidamente el espacio público". Tal apartado indica que "quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público será sancionada/o con multa de hasta diez días". Ese mismo artículo también agrega que se sancionará a quien "organiza la actividad en modalidades similares a la del comercio", para el caso de la prostitución los proxenetas o las madamas.
En el artículo 155 se determina que "la Policía tendrá a su cargo la investigación de las contravenciones previstas por esta ley", con lo cual el accionar de la fuerza ante hechos de oferta y demanda de sexo es de oficio.

Un duro relato en primera persona

Mary Robles es una de las referentes destacadas del colectivo trans y además supo vivenciar en carne propia el amedrentamiento policial cuando ejercía la prostitución. En 2007 fue una de las impulsoras en Salta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros Argentina (ATTTA). Por mucho tiempo estuvo al frente la sede local de esa organización y fue la voz cantante en distintas demandas públicas que elevó el sector.
"Cuando nosotros empezamos en el 2007, la Policía nos llevaba presas y nos amenazaban para que paremos con las denuncias sobre la represión", rememora Robles y comenta que a nivel personal los efectivos le decían que ella no tenía motivos para repudiar el accionar de la fuerza. "Como yo tenía auto, los agentes me decían que no sufría la persecución y que no tenía por qué quejarme", recuerda.
Consultada por este medio sobre situaciones en las que se vio envuelta en procesos de seguridad, Robles relató: "Una vez me llevaron presa, me pasearon por diferentes lugares con el famoso carro de asalto y de ahí a Ciudad Judicial, me demoraron más de diez horas". Agregó también que los casos de abuso sexual por parte de los Policías son una permanente, y aseguró que "me preocupa que esto pasaba antes pero sigue pasando ahora también. Se tienen que acabar estas atribuciones que se toma la Policía, es abuso de poder".
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Protesta en el Concejo Deliberante por la creación de una zona de convivencia.
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enrique alcala
enrique alcala · Hace 6 meses

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