La declaración de la emergencia social quedó sepultada hoy en el Congreso debido al vencimiento del plazo para firmar dictámenes de proyectos en la Cámara de Diputados, a lo que se suma la decisión del oficialismo de bloquear cualquier intento opositor por aprobar la ley.
El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, denunció que el Senado, que aprobó el proyecto el último miércoles, 'está demorando mandar el expediente para que no se lo pueda tratar'.
La queja se apoya en el hecho de que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones no pueden dictaminar proyectos después del 20 de noviembre.
Esa prohibición sólo puede sortearse si una mayoría de dos tercios avala el tratamiento del proyecto sin dictamen o si se convoca a sesiones extraordinarias y las dos alternativas serán bloqueadas por el oficialismo.
En primer lugar, la oposición no puede reunir los dos tercios sin el bloque de Cambiemos y en segundo lugar el Gobierno convocará a una única sesión extraordinaria, pero en ese llamado debe incluir los temas a tratar y la emergencia social no formará parte de esa lista.
La negativa del oficialismo se debe principalmente al costo fiscal que implicaría llevar adelante las medidas que contempla el proyecto de ley impulsado por el Frente para la Victoria, las organizaciones sociales y la CGT.
El proyecto declara la emergencia social y alimentaria por el término de un año y propone, en ese contexto, un aumento del 15 por ciento de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo.
También instruye al Ministerio de Desarrollo Social a crear un millón de puestos de trabajo en el marco del programa Ingreso Social con Trabajo, que funciona desde 2009 y administra los planes 'Argentina Trabaja' y 'Ellas Hacen', con unos 200 mil beneficiarios en la actualidad.
Además, la iniciativa establece la creación del Consejo de la Economía Popular en la órbita del Ministerio de Trabajo, para que fije un 'salario social complementario' destinado a los trabajadores de la economía informal.
Sin embargo, el proyecto no contempla ninguna fuente de financiamiento y por esa razón el oficialismo se opone a su avance al tiempo que acusa de 'falta de responsabilidad' a la oposición.
Según señaló el senador del PJ-FPV Juan Manuel Abal Medina, uno de los autores del proyecto, la suba de las asignaciones demandaría un desembolso de 12 mil millones de pesos, pero el Gobierno estima que si a eso se le suma la creación del millón de puestos y el salario social complementario, el cumplimiento de la ley demandaría unos 50 mil millones de pesos.
El Senado consideró como una posible vía de financiamiento un impuesto del uno por ciento sobre los plazos fijos de personas físicas y señaló que con eso se podría obtener 2.200 millones de pesos.
Eso podría complementarse con la creación de un gravamen que recaiga sobre la explotación de tragamonedas y juegos de paño equivalente a un 20 por ciento de la rentabilidad bruta, pero el oficialismo rechaza esta alternativa.

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