Vecinos y concejales de San José de Metán solicitaron que se controle de manera urgente a los vendedores de planes de autos con la modalidad de ahorro y capitalización, ya que muchas personas fueron engañadas en su buena fe.
Los concejales José María Issa y Sergio Gramajo se hicieron eco de esa situación y presentaron un proyecto de ordenanza para prevenir estos casos, ante la falta de un órgano de control municipal que regule esa actividad.
La ordenanza ya fue aprobada por los ediles metanenses, dado que contaba con el visto bueno de la comisión de Legislación.
El problema, según informaron los concejales autores de la iniciativa, es que llegan a la ciudad representantes de distintas firmas de otras provincias a ofrecer los planes, sin tener un lugar físico ni residencia legal en Metán.
Por eso, muchos de los vecinos estafados jamás volvieron a ver a las personas que se los vendieron ni a tener noticias de ellos.
"Esta modalidad ya cuenta con gran cantidad de personas estafadas, las cuales ingresan a dichos planes con ofertas muy tentadoras y en base a los engaños a que son sometidos por hábiles vendedores abonan cifras considerables con el anhelo de poder llegar al tan ansiado auto 0 km, o a la casa propia", dijo el concejal Issa, quien es abogado de profesión.
"En este momento no hay órgano de control alguno de parte de las autoridades municipales y/ o provinciales que regulen esta actividad", destacó el edil, manifestando de ese modo la preocupación que crece en los distintos pueblos y ciudades del interior por el peligro de que los vecinos sigan siendo sorprendidos en su buena fe por malhechores.
La iniciativa aprobada por los ediles destaca que esa actividad surgió hace varios años y que resulta de gran utilidad a la hora de adquirir un bien y/ o inmueble, ya que no solicita muchos requisitos, y las cuotas suelen ser seducidas en comparación con el precio final del producto que se desea adquirir.
El proyecto señala que debido a la gran cantidad de damnificados que denunciaron su situación en otra ciudades del país, se ha llegado a solicitar que mediante la fuerza pública se los obligue a dirigirse a una dependencia policial en primera instancia.
Allí los vendedores deberán indentificarse de manera fehaciente y recién serán autorizados a recorrer ciudades o pueblos de la jurisdicción para ejercer la venta, transferencia o cesión de los planes de ahorro previo.

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