El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy abrir una investigación contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el uso de la base de datos de la ANSES por parte del Poder Ejecutivo. Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía pidió al juez federal Sebastián Casanello que ponga en marcha una investigación contra Peña: "La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de Gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la ley", señaló el pronunciamiento. La semana pasada y por "inexistencia de delito", el fiscal federal Guillermo Marijuan había pedido el archivo de otra denuncia similar hecha contra Peña, en ese caso presentada por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. En este caso, la denuncia la hizo la abogada Valeria Laura Carreras, quien también inició una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para evitar que se disponga el traspaso de las bases de datos. Según señaló la abogada en su presentación, el decreto 230/2007 de la ANSES "dispone que los datos contenidos en dicha base son de carácter no público y por ende sensibles".
Acusó entonces al jefe de Gabinete por el convenio marco para el traspaso de datos de ANSES a la Secretaría de Comunicación que depende de él, porque "se estaría violando el deber de seguridad inherente a su función específica". Como medida de prueba, el fiscal pidió que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación "evalúe la legalidad del convenio de traspaso de datos de ANSES". "Dicho estudio también deberá ser encomendado a la Procuración del Tesoro de la Nación y dos expertos independientes del Poder Ejecutivo", solicitó.
El anuncio
El 25 de julio, el Gobierno había anunciado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial el polémico decreto que autoriza al Poder Ejecutivo el uso de los registros de ANSES para "contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública". Según está estipulado, la medida tendrá una vigencia de dos años y le permitirá al Gobierno hacerse periódicamente de la base de datos de ANSES (Nombre y Apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios). La medida provocó el repudio inmediato de la oposición, que calificó la iniciativa como una invasión a la vida privada de los ciudadanos con la finalidad de hacer "propaganda partidaria". Tras el convenio, se presentaron ante la Justicia amparos para que se deje sin efecto el acuerdo, y en paralelo denuncias penales contra Peña; el director de la Anses, Federico Basavilbaso, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco. "El objetivo no tiene que ver con la comunicación política o propagandística, es para mejorar el vínculo con los ciudadanos", justificó por su parte Peña, para quien no se "vulnera la intimidad de ningún ciudadano".

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