"Intento de alteración y perturbación del orden democrático y constitucional" fueron los motivos expuestos en la presentación que realizó Atasa (Asociación de Taximetristas de Salta) ante el Concejo Deliberante, hace unos días, contra Eduardo Cattáneo, titular de la Cooperadora Asistencial, tras conocerse un audio en el que el funcionario amenazó con impedir la asunción del intendente electo Gustavo Sáenz.
El objetivo del escrito, con número de expediente 4.253, fue pedir la revocación del mandato de Cattáneo. El documento firmado por Gerardo Vaso, presidente de la entidad, Luis Ontivero y César Pavoni, también integrantes de la comisión directiva, solicitó además dar seguimiento a las investigaciones que correspondieran en los distintos fueros judiciales al funcionario.
El repudio fue hacia la frase: "Yo toco el pito y tengo a dos mil personas y no se van más de la Municipalidad, no asume Gustavo Sáenz". Estas palabras causaron el malestar de los taximetristas, quienes lo hicieron evidente mediante una presentación que esperan sea respondida lo antes posible.
"Accionó contra una autoridad creada constitucionalmente, lo que conllevó a un manifiesto delito de sedición, motivó a terceros a una apología al delito, violencia y alteración de la paz social. Atentó contra los principios, garantías y derechos reconocidos por las leyes", expresa parte de la nota ingresada al cuerpo deliberativo municipal el 20 de noviembre.
"No somos una entidad golpista, frentista ni piquetera. No gobernamos pero sí controlamos, porque es un derecho que todo ciudadano debe hacer valer y más aún si pertenece a una institución civil . Es inadmisible que un funcionario exprese las palabras que dijo Eduardo Cattáneo porque atentan contra una democracia que costó vidas para conseguir", dijo Vaso.
Intervención
Basados en el artículo 179 (inciso 2) de la Constitución de Salta, integrantes de la comisión directiva de la asociación que nuclea a más de 300 taximetristas pedirían en los próximos días que el ejecutivo provincial intervenga en esta situación. "Lo que hizo Cattáneo no es algo menor, es un acto grave, representa una situación de crisis y gravedad institucional en la que el gobernador debe intervenir como lo expresa claramente la constitución provincial", dijeron desde la entidad de trabajadores.
En este sentido, se adelantó que evalúan la presentación de una demanda penal contra el empleado municipal por negocios incompatibles con su función.

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