Un fiscal solicitó hoy que se condene a nueve años de prisión al ex juez federal y de Ejecución de Salta José Antonio Solá Torino, quien está acusado de haber cobrado una coima para levantar una orden de captura contra un narco.
El pedido fue formulado por el fiscal Francisco Snopek, quien consideró que se trata de "un juez federal con rango de camarista que estuvo sentado en el mismo lugar de los magistrados que lo están juzgando ahora" y "lo más grave es que trató de favorecer a un narcotraficante".
Las afirmaciones del representante del Ministerio Público Fiscal fueron formuladas esta tarde, en la primera audiencia de alegatos de este proceso, iniciado el 3 de noviembre último.
Para el ex magistrado, Snopek solicitó la pena de nueve años de prisión y además una multa de 90.000 pesos por considerarlo autor del delito de "cohecho pasivo agravado por ser un juez de la Nación".
En tanto, para Héctor Salazar pidió cinco años y dos meses de prisión, más una multa de 40.000 pesos, al considerarlo partí­cipe necesario de "cohecho activo".
El fiscal sostuvo que Salazar era el nexo entre el narcotraficante beneficiado, Miguel Farfán, y otras imputadas, Graciela Ferreyra y Gabriela Vázquez, madre e hija,
Para Ferreyra y Vázquez, el fiscal solicitó cuatro años y diez meses y cuatro años y seis meses de prisión, respectivamente, más sendas multas de 30.000 pesos.
A ambas las consideró partí­cipes necesarias del delito de "cohecho activo", aunque a la primera pidió que se la declare reincidente por segunda vez.
De acuerdo a la investigación, Farfán estaba relacionado con Zalazar, cuya ex pareja, Ferreyra, junto a su hija, Vázquez, eran quienes tenían acceso al despacho de Solá Torino y gestionaron la coima.
Al concluir con su alegato, Snopek pidió la inhabilitación absoluta de los imputados y solicitó la inmediata detención de los cuatro hasta que el tribunal dicte sentencia.
Sin embargo, ese pedido fue rechazado por los jueces a cargo del proceso, Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Dí­az y Gabriel Casas tras un cuarto intermedio en el que deliberaron acerca de la solicitud.
Al inicio de este juicio, se decretó la rebeldí­a de Farfán, que en la causa aparece como beneficiado con el levantamiento de la orden de captura por parte de Solá Torino.
En la ocasión, los representantes del Ministerio Público solicitaron la detención de Farfán para asegurar su comparecencia, lo que fue avalado por el tribunal, que emitió la orden correspondiente.
No obstante, el personal de la Policí­a de Seguridad Aeroportuaria (PSA) afectado a esa gestión no pudo dar con el paradero del imputado.
Por este motivo, las cuestiones vinculadas a Farfán en el juicio quedaron suspendidas y continuaron aquellas que tení­an vinculación con el resto de los imputados.
Antes del pedido de penas por parte de Snopek, el fiscal federal Ricardo Toranzos, que actúa en el juicio como coadyuvante y que fue quien intervino en la etapa de instrucción de la causa, hizo un pormenorizado relato de los hechos por los que se llegó a este proceso oral y público.
"Esta es una causa de una gran trascendencia, no sólo en lo jurídico sino en lo institucional provincial y nacional", consideró Toranzos, quien destacó que "con hechos como estos es como se rompe la fidelidad de la justicia".
El fiscal explicó que la causa se inició cuando se investigaba un caso de narcotráfico hacia España que derivó en una serie de escuchas telefónicas y entrecruzamiento de llamadas que develaron más de 200 comunicaciones entre los imputados y el ex juez, destituido por mal desempeño de sus funciones.
Farfán había sido condenado en 1999 por narcotráfico y estaba prófugo desde 2003, cuando egresó con una salida transitoria y no regresó.
En el marco de las escuchas, la PSA advirtió que Farfán, Salazar, Ferreyra y Vázquez conversaban constantemente de las gestiones realizadas ante "El Gordo" para dejar sin efecto la orden de captura que recaí­a sobre el primero.
En determinado momento, Farfán dijo que ya estaba cansado de las distintas exigencias del tal "Gordo" y lo identificó como Solá Torino, juez de Ejecución de Sentencia, a quien dijo que le había pagado para el levantamiento de su captura.
La próxima audiencia fue fijada para el 23 de este mes, cuando alegarán los defensores de los imputados.

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