Fue en el 2012 cuando Carlos Vernazza, viajero impenitente y periodista sagaz, anticipó el fracaso de Barack Obama en su proyecto de convencer al Congreso estadounidense sobre la necesidad de sancionar una ley para el control de armas.
Ese año habían sucedido en Estados Unidos varias matanzas incomprensibles. Tanto como incomprensible también resulta la liberalidad que allí existe para adquirir armas de uso militar.
En julio de ese año doce personas murieron y cincuenta y nueve fueron heridas, cuando una persona ingresó a un cine y disparó sobre los espectadores.
Sucedió en la ciudad de Aurora, Colorado. El autor tenía 24 años y usó un rifle militar Colt AR-15.
Ese mismo año, un exsoldado abría fuego en un templo religioso oriental de Wisconsin, matando a seis asistentes e hiriendo a cuatro. Usó una pistola militar calibre 9 mm.
En diciembre un atacante armado con un rifle de asalto AR-15 y dos pistolas 9 mm disparó en el interior de una escuela en Newtown, Connecticut, matando a veinte niños de seis años y a seis maestras para finalmente suicidarse.
Esta última tragedia reavivó en Estados Unidos el viejo debate sobre la libre tenencia de armas militares. El presidente Obama lideró personalmente la campaña para endurecer la legislación sobre el tema, pero no consiguió que la ley de control fuese aprobada por el Senado, tanto por la oposición del Partido Republicano como por la propaganda que hizo la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).
Esta entidad civil tiene tanto poder políticamente, que en las campañas electorales el tema de la regulación de armas casi no se menciona. Obama se atrevió a hacerlo pero la RNA fue más fuerte.
El argumento esgrimido decía que el proyecto atentaba contra el derecho de los ciudadanos a portar armas, que está garantizado en la Constitución norteamericana.
Ni la masacre de Newton ni las víctimas inocentes ocurridos en los otros tiroteos de 2012 cambiaron el razonamiento de los legisladores.
El vaticinio de Carlos Vernazza fue acertado.
La reacción de Connecticut
Muy distinta fue la reacción de la legislatura de Connecticut, estado donde había ocurrido la masacre de niños en Newtown.
Cuatro meses después de la tragedia los legisladores de ese estado aprobaban una ley de control de armas sumamente estricta.
Mientras la Nación sigue en espera de la ley federal que no llega, algunos estados comenzaron a sancionar sus propias leyes locales, incorporando el control riguroso de armas en manos de civiles.
Además de Connecticut y Maryland, lo han hecho Nueva York y Colorado, entre otros.
El analista político Andrés Oppenheimer, a raíz de los tiroteos descriptos, escribió en enero de 2013: "En mi opinión creo que la postura de la Asociación Nacional del Rifle (RNA) y la industria de las armas es, para ponerlo en términos suaves, demencial... Contrariamente a lo que afirma la RNA al oponerse a regulaciones de control de armas, que evitaría crímenes masivos como la reciente masacre de Newtown, la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos en ningún momento dice que los estadounidenses tienen derecho a tener rifles semiautomáticos militares o bazookas".
¿Existe lobby a favor de la pirotecnia?
Salvando la distancia existente entre los fusiles de asalto y la pirotecnia por un lado y las costumbres estadounidenses y argentinas por otro, el modelo de tomar a un viejo tema de debate, analizado por años, con propaganda para prohibir el uso o para permitirlo, siempre sin solución aparente, tiene destacables similitudes y coincidencias aplicables a ambos problemas: bailar ese eterno minué que finaliza siempre regresando al punto de partida.
Quizá se replica aquí lo que ocurre en Estados Unidos y tal vez, sólo tal vez, exista el silencioso lobby de una asociación civil, no tan fuerte como la NRA pero de algún peso local como es la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa), ente que se opone a las normas de prohibición de la pirotecnia, usando sus propios argumentos.
(Ver www.caefa.org.ar /comunica cion/FirmasAFavor.php)
En la provincia de Salta, el tratamiento de la prohibición durante todo el 2014 fue de idas y venidas de un proyecto de ley cuyo final anunciado se cumplió inexorablemente: el eterno retorno al punto de partida y "game over". La Municipalidad de Salta transita el mismo laberinto.
"Si los ediles tiran la toalla ante problemas tan sencillos como es prohibir el uso de la pirotecnia y el control del cumplimiento de las normas, algo huele mal en Dinamarca".
A fines de octubre el Concejo Deliberante informaba que no tenían previsto debatir el tema; la prohibición no estaba en la agenda del Concejo.
Un concejal aseguró que prohibir la pirotecnia en la ciudad de Salta "no tiene mucho sentido porque la gente iría a comprar a otras localidades y lo traería acá" (El Tribuno 31/10/14). Resulta grave esta afirmación porque le niega eficacia al Departamento Ejecutivo para cumplir su obligación de "ejercer el poder de policía en el ámbito de su competencia" que le impone la Carta Municipal en su art. 7 y compromete al Concejo Deliberante, aunque sea a título personal, a desechar su deber de concurrir al dictado de normas que faciliten la convivencia.
No es un dato menor que la petición que existía en 2014 con 12.000 firmas abogando por la tolerancia cero fuese ignorada.
Si los ediles tiran la toalla ante problemas tan sencillos como es prohibir el uso de la pirotecnia y el control del cumplimiento de las normas, algo huele mal en Dinamarca.
La decisión política
Unas pocas comunas del sur argentino desde hace tiempo fueron pioneras en dictar normas de prohibición: San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, San Carlos de Bariloche y últimamente Neuquén en junio de 2012 y Necochea en julio de este año.
En Neuquén parece haber el primer caso de resistencia lobista: sancionada la ordenanza la 12.449 que prohibía la comercialización, tenencia, uso, depósito, circulación y transporte de elementos de pirotecnia, se interpuso un amparo contra ellas argumentándose su inconstitucionalidad y ser violatoria de los contenidos de la Ley de Armas.
Interesante resulta considerar que el amparo lo interpuso la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) en forma conjunta con siete particulares.
El fallo le fue parcialmente favorable pero en el punto de interés para la convivencia, le dio la razón a la Municipalidad de Neuquén.
Porque si bien dispone que resulta inconstitucional "prohibir la comercialización, tenencia, depósito, circulación y transporte de elementos de pirotecnia", como decía el art. 1º de la Ordenanza cuestionada, ella prohibía también "el uso" y en este punto la sentencia rechazó el amparo, disponiendo que el uso de elementos pirotécnicos podía lícitamente ser prohibido por la Municipalidad, al ejercitar su poder de policía, cuya finalidad es velar por la protección de todos los vecinos, regulando determinadas situaciones que mejoran la convivencia citadina.
Entre la prueba valorada por la titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil Nº 4 en Expediente Nº 470244/12 estaban los informes de tres hospitales de la ciudad de Neuquén (el Hospital Heller, el Bouquet Roldán y el Castro Rendón) que informaron en detalle sobre la atención a jóvenes ingresados con heridas causadas por explosivos de venta libre.
Este interesante fallo judicial de agosto del 2013 bien podría considerarse como la contracara del fracaso legislativo del 2014 en Salta respecto de la prohibición del uso de pirotecnia, que tuvo el fácil y estéril final de siempre: poner el acento sólo en la prevención.
O sea, trasladando a los particulares responsabilidades que son del estado municipal y provincial.
Pese a que "todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a ser protegidos en su seguridad", artículo 17 de la Constitución de la Provincia de Salta, esa obligación del Estado no impidió que dos menores sufriesen amputación de dedos y dos mayores perdieran la visión de un ojo a causa del uso de pirotecnia en estas fiestas.
Si el estado carece de capacidad suficiente para controlar conductas que amenazan la seguridad personal, entonces deberá prohibirlas.

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Sección Editorial

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Manuel Frexas
Manuel Frexas · Hace 10 meses

Estoy de acuerdo con la tolerancia 0 en el uso de la pirotecnia. es mucho lo mal que hace a los animales y los vecinos. Pero, alguien se acuerda de ocuparse del ruido que provocan los escapes libres de las motos durante el dia y la noche los 365 del año? Por favor, hay que dictar normas de sonido, fijando decibeles máximos a la salida de los escapes, tal como se hace con el control de alcoholemia y terminar con este flagelo causado por gente totalmente irresponsable e indiferente al derecho de una convivencia pacífica. del


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