Los daños producidos por el viento zonda en algunos barrios y los fuertes movimientos sísmicos ocurridos en los últimos días en la ciudad volvieron a marcar señales de alerta acerca de la necesidad de eliminar la telaraña del cableado aéreo que por estos fenómenos naturales ponen en riesgo la integridad física de las personas, además de la contaminación visual.
El Código de Planeamiento Ambiental que entró en vigencia a fines de 2009 se convirtió en letra muerta en esta materia, con el agravante de que las empresas de comunicación y energía eléctrica no solo incurrieron en violación de la norma, sino que no cumplieron con el plazo establecido para el soterramiento del cableado. En el artículo 261 del citado código se consigna la prohibición de cualquier tipo de instalación aérea en los distritos definidos como AC1, AC2, AC3 y AC4 establecidos en el plano de zonificación de usos de suelo y que corresponden al área centro. En tanto que el artículo 262 señala que el departamento Ejecutivo Municipal debía establecer los mecanismos y acuerdos necesarios para que en el plazo máximo de 5 años se procediera a la canalización subterránea de las instalaciones aérea enumerados en el 261. Quienes debían cumplir con la normativa eran las empresas de telefonía, televisión por cable, radios, sonidos, transmisión de datos, antenas de comunicación en sus diversas modalidades, iluminación, energía eléctrica y cualquier otra similar que utilice cables en el espacio aéreo municipal.
Ese plazo expiró el año pasado y por esta situación, en el mes de septiembre, la concejal Socorro Villamayor presentó un proyecto de ordenanza ante el incumplimiento de la norma legal. La iniciativa de la edil contemplaba otorgar un plazo de dos años a las empresas para el cumplimiento del soterramiento y una multa de entre 100 y 150 unidades tributarias por cada día de demora en la ejecución de los trabajos. También el proyecto facultaba al municipio a retirar el cableado en caso de incumplimiento y a construir por sí o por terceros poliductos de uso común y cobrar un canon por ello. El Concejo Deliberante sancionó la ordenanza, pero el intendente Miguel Isa la vetó con el argumento de la acumulación de agua en las calles en la épocas de lluvia y los inconvenientes que ocasionaría la rotura de las veredas. Con ello se echó por tierra el tiempo y el gasto que demandó la elaboración del Código de Planeamiento.
Los fuertes vientos zonda que azotaron en los últimos días grafican el riesgo que esta situación trae aparejada, lo que se vio reflejado en los cortes de luz en varios barrios de la ciudad por la caída de árboles sobre el cableado aéreo. A esto se sumó el alerta que generó el movimiento telúrico del 17 del corriente. Villamayor volvió a la carga con este tema y presentó un proyecto de igual tenor que el vetado en 2014.

"No hay voluntad"
"Lo grave de esto es que ni las empresas cumplieron con lo que establece el Código de Planeamiento, ni el intendente hizo nada para hacer cumplir lo que establece la norma", expresó a El Tribuno la concejal Villamayor. Dijo que "antes de que se venciera el plazo hicimos reuniones con el Ejecutivo municipal y con las empresas que ocupan el espacio aéreo; como vi que no había voluntad de cumplir con lo que dispone el código, presenté el proyecto de ordenanza que fue aprobado por el Concejo Deliberante y luego vetada por el intendente". Según la edil, una prueba de que no hay voluntad de solucionar este problema se ve reflejada en las obras de las peatonales donde no se observa el soterramiento del cableado. "Se dice que las tuberías están, pero el cableado aéreo sigue", señaló. Villamayor sostuvo que "el planteo de fondo es por la seguridad porque en cualquier momento podemos tener una desgracia. Los vientos zonda de los últimos días y los sismos que hemos tenido muestran de manera patético que estamos expuestos a un enorme riesgo".
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Sección Editorial

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