El viernes distintas reparticiones del Gobierno provincial realizaron más de 400 consultas a Plumada, pese que el contrato venció definitivamente el jueves. De esas solicitudes, casi 300 son por prontuarios policiales de los ciudadanos salteños. Se estima que esos servicios seguirán siendo demandados durante estos días, por ejemplo por la Policía y los hospitales estatales.
Desde el Gobierno provincial aún nadie explica qué pasará con esos servicios que son básicos para los procedimientos de la fuerza de seguridad o Salud Pública ni cómo se hará el traspaso de los archivos públicos que tiene en la actualidad la empresa.
Hoy, a las 10, en la Ciudad Judicial se realizará la tercera audiencia conciliatoria ante el juez Civil y Comercial 4 Benjamín Pérez Ruiz.
La instancia fue convocada para definir el traspaso de la documentación pública luego de que el Gobierno provincial se negara a responder reiteradas presentaciones administrativas que realizó Plumada ante el Ministerio de Gobierno.
A fines de agosto, el gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la rescisión del contrato con Plumada. Desde 2006, la empresa tuvo a su cargo el servicio de archivo, digitalización, custodia y logística de documentación para el Estado provincial. Pese a los requerimientos de la firma y al fuerte proceso inflacionario, el Ejecutivo provincial se negó a actualizar los precios de las prestaciones en esos años.
Con el decreto 3.011/15, Urtubey estableció un plazo de 90 días hábiles para que Plumada siguiera con las prestaciones, plazo que caducó el jueves. Además, dispuso el llamado a licitación para adjudicar los servicios a una nueva empresa, pero las convocatorias fracasaron.
Maximiliano Montaldi, apoderado de Plumada, sostuvo que se continuarán atendiendo a los requerimientos de las dependencias, tales como las consultas de prontuarios policiales. No obstante, se solicitará a la Justicia que fije un precio por esas y otras prestaciones que demanden desde las oficinas públicas provinciales.
El sábado, El Tribuno publicó que el traspaso de los archivos públicos ubicados en Plumada demandaría unos 18 años aproximadamente, ya que se pueden entregar hasta 500 unidades de guarda por jornada del total de más de 2 millones.
Los archivos
Contractualmente, el horario establecido es de 8 a 12, de lunes a viernes. Una unidad de guarda puede ser una caja con distintos documentos, legajos, radiografías, tubos con planos y hasta prontuarios policiales.
Sin ningún protocolo de traspaso expuesto ante la Justicia, el Gobierno solo conformó comisión fiscalizadora integrada por Elsa Pereyra Maidana, Miguel Mogrovejo y Graciela Galíndez.
Montaldi sostuvo que tal comisión recién tenía facultades para actuar una vez que caducó el contrato, es decir desde el viernes pasado. Sin embargo, se permitió, a través de consultas extraordinarias, algunos requerimientos de los funcionarios.
El Gobierno provincial, a su vez, denunció a Plumada por retención indebida de documentación. La jueza de garantías 6, en feria judicial, Claudia Puertas, con una cautelar ordenó a Plumada abstenerse de impedir el retiro de documentos. Lo hizo sin tener en cuenta que ya había una instancia conciliatoria abierta y cuando el contrato esta vigente.

Maniobras para dilatar una salida al conflicto
Pese a ser notificado de la conciliación, el Gobierno fue por otra vía judicial. Sin que el Gobierno provincial respondiera las presentaciones que hizo Plumada desde el 24 de septiembre del año pasado para establecer un protocolo para el traspaso de la documentación, la empresa acudió al Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Silvia Longarte. Con el fin de que el caso siguiera durante la feria judicial, se habilitó al Juzgado Civil y Comercial Cuarto para la instancia conciliatoria.
Un día después
Según se supo, el Gobierno fue notificado el 7 de enero. No obstante, al día siguiente los funcionarios radicaron una denuncia ante la Fiscalía 4, con sede en villa Mitre.
Luego, con la cautelar, se expidió la jueza de Garantías 6, Claudia Puertas. Ahora el caso quedará en las manos del magistrado Diego Rodríguez Pipino.
Funcionarios del Gobierno habían aducido que se intentó retener la documentación y que se las tenía en pésimas condiciones.
Desde la empresa negaron esa información. El apoderado de Plumada, Maximiliano Montaldi, aseguró que se recabarán declaraciones vertidas por los funcionarios para analizar posibles acciones legales civiles y penales "por las difamaciones efectuadas".
Incumplimientos
Montaldi recordó que ningún funcionario quiso firmar el deslinde de responsabilidad cada vez que solicitaban los archivos públicos. Es por ello que se dispuso que un escribano certifique cada procedimiento. Sostuvo que también es posible denunciar el incumplimiento de deberes de funcionario público.
La disputa
El pedido
En 2012, Plumada solicitó al Grand Bourg que actualizara los precios por los servicios. Para ello, presentó un estudio de nuevos costos por la inflación.
Fin del contrato
Urtubey dispuso rescindir el contrato a Plumada. A su vez, solicitó que se llamara a licitación para el reemplazo pero esos procedimientos fracasaron.
Conciliaciones
Ante la falta de respuestas del Gobierno para fijar el modo de traspaso de documentos, Plumada recurrió a la Justicia para una instancia conciliatoria.

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