El Gobierno nacional se ha fijado como un objetivo primordial la pobreza cero; la "resistencia" a ese gobierno nacional declara la imposibilidad de alcanzar este objetivo, mientras tanto el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad Nacional de Salta, que dirige el investigador del Conicet, Dr. Jorge Paz, ha dado a conocer el informe "Pobreza en Salta" en el que la capital provincial aparece como el conglomerado más pobre del país con un 40% de pobreza multidimensional.
Terminar con la pobreza no solo no es imposible, sino que es el primero de los 17 objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que los Estados miembros de la ONU -entre ellos Argentina- aprobaron en septiembre de 2015.
Frente a la muy preocupante realidad salteña debemos analizar y abordar la pobreza desde la dimensión de los derechos humanos.
La pobreza es una cuestión de dignidad y de derechos que pone en tela de juicio la eficacia de la democracia misma, es por ello que el Estado provincial -a través de sus tres poderes e instituciones- si se pretende un estado de derecho con un serio compromiso con la democracia y la vigencia de los derechos humanos- debe poner a la pobreza, la exclusión y la desigualdad al centro de su agenda política, pero debe hacerlo desde la perspectiva de los derechos humanos.
Privación de derechos
"La pobreza no es solo insuficiencia de ingresos (y por lo tanto de consumo) sino que es un fenómeno multidimensional gestado por estructuras de poder que reproducen estratificación social y una visión excluyente que discrimina a vastos sectores".
"Las estructuras sociales y las instituciones constituyen el marco en las que se producen las relaciones económicas y políticas, configurando muchas de las dinámicas que crean y sustentan la pobreza".
"La pobreza es resultado de la (...) responsabilidad del Estado y de la (falta de) capacidad de respuesta de las instituciones estatales".
Las que preceden son definiciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Decir que es un fenómeno multidimensional es enfocar la pobreza desde la perspectiva de derechos. Es comprender que una persona es pobre no solo por sus ingresos, sino por no tener garantizados sus derechos a una vivienda digna, a un trabajo formal, a una educación y salud de calidad, a la seguridad ciudadana, a una alimentación adecuada, a los servicios públicos e infraestructura adecuada- agua potable, luz eléctrica, gas, cloacas, transporte adecuado, caminos seguros y transitables-, derecho de acceso a la justicia, derecho a la igualdad y no discriminación.
La persona pobre es titular de derechos y no una persona necesitada de ayuda.
El Estado a través de sus poderes e instituciones debe reconocer y garantizar que existen derechos jurídicos de las personas en situación de pobreza y correlativas obligaciones jurídicas constitucionales e internacionales- que se da con la firma de los tratados internacionales de derechos humanos- por parte de los estados: nacional, provincial y municipal. Se trata de un enfoque jurídico de derechos y correlativas obligaciones estatales y no de un enfoque de asistencia social o caridad.
Se debe propender a que las personas y grupos en situación de pobreza sean activos reclamando sus derechos ante el Poder Ejecutivo y cuando no sean escuchados, activos en su reclamo ante la Justicia demandando por la omisión de las obligaciones constitucionales del Estado Provincial.
Privación de Justicia
La pobreza es causa y efecto de la violación de los derechos humanos.
Existe entre pobreza y derechos humanos una relación inversamente proporcional, lo cual quiere decir que a mayor pobreza menor efectivización de derechos humanos y a menor pobreza mayor efectivización de los derechos humanos fundamentales de personas y grupos.
Para erradicar la pobreza es necesario fortalecer el estado de derecho, que las instituciones actúen dentro de la legalidad y no al margen de ella, erradicar la corrupción y que el Estado engendre una administración pública meritocrática que lleve a elevados niveles de compromiso y dedicación por parte de los funcionarios.
Es necesario igualmente fortalecer el acceso a la Justicia y a los tribunales de las personas pobres a fin de que reclamen sus derechos jurídicos y es impostergable que los tribunales acepten de una vez y para siempre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales tanto de las personas individuales como de los grupos en condición de vulnerabilidad a través de las acciones de amparo colectivo.
Así aparece como prioritario en el logro de este objetivo de erradicar la pobreza, el fortalecimiento de una Defensa Pública Autónoma, encargada constitucionalmente de lograr el acceso a la Justicia de las personas y grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad, de los sectores desaventajados de la sociedad y de colocar en la agenda estatal políticas públicas inexistentes o deficitarias.
La Defensoría que dirijo así lo hizo y lo hace a través de múltiples demandas individuales y colectivas contra el Estado provincial defendiendo derechos jurídicos de personas y grupos desaventajados pero esta actitud no es favorecida por los integrantes del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, quienes no ejercen una jefatura autónoma del Poder Ejecutivo provincial, en consecuencia, ven con malos ojos y combaten todo lo atinente a la defensa colectiva de derechos por incumplimiento de obligaciones del Estado provincial, como así también lo hacen respecto de presentaciones llevadas a cabo en pos de la transparencia de las instituciones denunciando hechos de corrupción, pretendiendo acallar por distintos medios a quienes ejercemos una defensa pública autónoma, comprometida y fuerte que tiende a la efectivización de los derechos humanos y con ello a la erradicación de la pobreza.
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Sección Editorial

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miguel hugo rojo
miguel hugo rojo · Hace 10 meses

La Capital de Salta es el conglomerado más pobre del país con un 40% de pobreza multidimensional. Como contrapartida el símbolo de la cleptocracia en Salta: Juan Manuel Urtubey es uno de los nuevos ricos de Salta, fruto de la depredación, el saqueo deliberado del erario público.


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