Polémica por la Corte

Alvaro Benavídes

Polémica por la Corte

Cuando, habitualmente, se hace referencia, con una especial connotación negativa, a una especie de "gobierno por decreto" debemos tener en cuenta que tal condición es, por definición, la realidad de todo gobierno. La forma en la que el presidente se expide en cada uno de sus actos es por decreto.
Si bien hay varias especies de decretos, existe una en particular que resalta por su propia naturaleza: el DNU (decreto de necesidad y urgencia). Este, a diferencia de los demás, no tiene esencia de reglamento sino de ley. Reconocido por nuestra Constitución desde 1994, aun cuando su existencia de hecho se remonta a varios años atrás, supone que bajo un supuesto de excepción el presidente pueda emitir decretos con naturaleza de ley que normalmente le corresponderían al Congreso debatir y luego sancionar.
Todo DNU es un decreto, más no todo decreto es un DNU. Desde la asunción de la actual administración se han emitido aproximadamente 100 decretos, de los cuales tan sólo uno reviste la naturaleza de un DNU, aquel que modifica la Ley de Ministerios, creando un nuevo esquema organizativo.
Todos los demás, incluido el de la designación de los eventuales nuevos miembros de la Corte Suprema, no son decretos de necesidad y urgencia y por lo tanto son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no tienen naturaleza de ley sino de reglamento. La designación de magistrados en razón de un decreto (no DNU) del presidente, más allá del análisis político y ético, desde el punto de vista legal y constitucional es inobjetable.
La norma en cuestión, que habilita al Presidente de turno a nombrar magistrados en comisión, es el Articulo 99 inc. 19 el cual nos dice que el titular del poder Ejecutivo puede llenar las vacantes de los empleos que necesitan acuerdo del Senado (designación de jueces por ejemplo) y que ocurran durante su receso (así se encuentra el Congreso actualmente, ya que en esta etapa del año no sesiona) por medio de nombramientos en comisión que expiran al fin de la próxima legislatura (en el caso que nos atañe 30/11/2016).
La norma en sí es clara y se cumplen cada uno de los requisitos que establece, pero en Derecho siempre es necesario realizar una interpretación más allá de la mera letra de la ley. Debido al espacio, me referiré a uno de tantos métodos de interpretación: el histórico.
Nuestro modelo constitucional se inspira en el norteamericano. En el caso de la norma en cuestión, ella resulta una copia textual de lo dispuesto en la Constitución estadounidense. En nuestra historia político-constitucional no contamos más que con un ejemplo de nombramiento en comisión de jueces de la Corte Suprema: aquel que realizó el presidente Mitre, allá por 1962, en pleno periodo de establecimiento y consolidación de las instituciones. En cambio, en la historia del país del norte hay numerosos ejemplos del ejercicio de esta potestad, proyectándose incluso después de la segunda mitad del Siglo XX.
Dwight Eisenhower (1953-1961), ante las vacantes existentes en la Suprema Corte nombró en comisión a tres jueces: William J. Brennan, Potter Stewart y Earl Warren.
Más allá de los planteamientos a nivel ético que suscitaron los nombramientos de dichos jueces, desde un primer momento la Corte reafirmó su independencia y su labor en materia de promoción y defensa de derechos y garantías fue prolífica y decisiva.

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