Una nueva polémica se abrió en Salta tras un fallo del el Juzgado Federal 1, a cargo de Julio Bavio, quien ordenó que se suspenda la recepción de ingresos de presos de otras provincias en el Complejo Penitenciario Federal III NOA de General Güemes.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) ya apeló la medida que deviene de una ola de peleas entre los internos. Según afirmaron distintas fuentes, la mayoría de los cruces están encabezados por presos provenientes de Buenos Aires.
Desde la Defensoría General de la Nación (DGN) informaron, a través de un comunicado que detalla la resolución de Bavio responde a una acción de hábeas corpus interpuesta por el cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN, Benjamín Solá, y el fiscal federal Eduardo Villalba.
La resolución judicial, firmada por Bavio el pasado 14 de noviembre, detalla que los impulsores del hábeas corpus expresaron que el traslado de los internos foráneos a la región NOA al pabellón donde se encuentran alojados internos locales y viceversa, "constituye una nueva modalidad de agravamiento de la detención de los internos, atento a los sistemáticos hechos de violencia generados entre dichos internos".
Los accionantes sostuvieron que se producen constantes hechos de violencia en el penal, "en especial en los pabellones donde se alojan personas de extrañas jurisdicciones", generados "por personal penitenciario y entre internos, ante la ausencia de intervención preventiva de los funcionarios del penal".
La denuncia sostiene que en los pabellones donde se alojan a detenidos que han "rotado por diversas unidades carcelarias en la ejecución de sus penas han ocurrido diversos casos de lesiones por apuñalamiento entre los internos", y se secuestraron elementos no autorizados, como facas, puntas y hierros.
El hábeas corpus planteó que el modo en que se ejerce la política de traslados "comenzó a ser utilizada por el personal penitenciario como un medio para disciplinar los detenidos", y "constituye una tortura oblicua, SPF intenta cubrir su ilegalidad bajo el amparo del ejercicio de facultades que le son propias".
Además, se afirma que entre los detenidos que provienen de otras jurisdicciones y los locales se producen conflictos, especialmente en los "recibimientos", que funcionan "como una forma de impartir conducta", mediante prácticas vejatorias y "aprietes" que cuentan con la anuencia del SPF.
Según el fallo, los detenidos locales "responden a un grupo vulnerable que en la frontera argentino-boliviana se componen de una gran masa de la población que se halla sumida en la más extrema vulnerabilidad y se trata de los llamados 'mulas', 'mochileros' o 'capsuleros', que ofician de correos de la droga".
En su mayoría, esa población suele carecer de antecedentes penales y tiene un carácter sumiso y respetuoso.
Sobre la base de la presentación de la DGN, el Juzgado Federal de Salta entendió necesario y urgente que se arbitren las medidas para suspender la recepción de nuevos internos de extrañas jurisdicciones en ese centro carcelario.

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