La institución policial atraviesa momentos delicados. Ocho efectivos implicados en un "narcoescándalo" y otros cuatro acusados de golpear y torturar. Desde el entorno familiar y laboral de uno de los uniformados detenidos por este último hecho niegan que dicha acusación sea verdadera. "Los que denunciaron son familiares de los homicidas, por venganza inventaron todo esto", sostuvieron. Están detenidos en la dependencia de Infantería en esta ciudad, por orden de la Fiscalía de Derechos Humanos a cargo de Gustavo Vilar Rey.
Según la denuncia que recayó sobre los cuatro uniformados, pertenecientes a la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera, los golpes y las torturas se habrían ocasionado en el marco del homicidio de Martín López, a fines de mayo de 2015 a unos 45 kilómetros de esa ciudad. Los investigadores fueron identificados como Gustavo Orlando Orozco (oficial), Víctor Alejandro Luna (sargento), Rubén Darío Medina (cabo) y Javier Sebastián Reynoso (agente).
Los acusados fueron imputados por los delitos de "tortura" y "privación ilegítima de la libertad", figuras contempladas en el artículo 144 primero y tercero del Código Penal. Por dichos delitos se prevén penas que van de los 5 a los 25 años. Según fuentes oficiales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), los policías pretendían implicar a uno de los jóvenes en el crimen cometido por otros dos sujetos que luego fueron detenidos.
"Quienes denuncian son familiares directos de los homicidas, Alejandro Carrizo padre y un sobrino de apellido López. A los sujetos que atrapamos los detuvieron por homicidio, nada menos, suele pasar este tipo de reacciones, pero lo grave es que la Justicia no tiene pruebas que realmente avalen lo que supuestamente hicieron. Es lamentable", expresó un familiar de Orozco, que también trabaja como policía en esa zona.
"Se quieren sacar el homicidio de encima, mataron a un hombre indefenso para robarle una vaca, lo mataron de un rebencazo en la cabeza", agregó el primo de uno de los imputados, quien prefirió no revelar su identidad. En el otro extremo, desde el CIF informan que los delitos de torturas se cometieron en perjuicio de Pablo Carrizo, uno de los tres hombres que encontraron el cadáver de López y dieron aviso a la Policía. El fiscal de la causa imputó a Orozco y Medina por el delito de "apremios ilegales" en perjuicio de Rodrigo Carrizo, familiar de Pablo Carrizo, a quien los investigadores también habrían golpeado mientras estaba detenido con el objetivo de que se hiciera cargo del crimen.

"No hay pruebas"

Desde el entorno de Orozco, quien estaba a cargo de la investigación durante lo ocurrido en el paraje El Potrero, cerca de Rosario de la Frontera, sostienen que "no hay pruebas que acrediten dichos delitos. Las acusaciones indican que habría existido una paliza tremenda, sin embargo lo único que figura en el certificado médico de los supuestos torturados es un espasmo", explicó un primo de Orozco.
Carrizo denunció que en el trayecto a la dependencia policial de El Potrero, el móvil se detuvo a la vera de la ruta 34, donde lo bajaron y lo torturaron con una bolsa en la cabeza, realizando el conocido submarino seco.

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