La destitución de Dilma fue apoyada por 61 votos contra 20 de los integrantes del Senado, que actuó como tribunal del juicio político que se le llevó adelante bajo la acusación de que había cometido alteraciones en la elaboración del presupuesto.
En cambio, el cuerpo legislativo no logró inhabilitarla, ya que en una votación posterior a la de la destitución 42 senadores apoyaron esa opción, 36 sufragaron a favor de mantenerle los derechos y tres se abstuvieron, por lo que no se alcanzaron los dos tercios (54 votos) necesarios.
Rousseff, que había sido electa el 26 de octubre de 2014 por 51,6% de los votos, la menor diferencia de la nueva democracia tras la caída de la dictadura en 1985, siempre rechazó los cargos que le formularon y denunció un golpe de Estado parlamentario.

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